Iniciaron sumarios a más de 10.700 agentes de la Policía Bonaerense

Para investigar y depurar a la fuerza, Vidal tiene una Subsecretaría que depende del Ministerio de Seguridad que conduce Cristian Ritondo. Se trata de la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI), la cual está en manos de un abogado civil, Guillermo Berra, funcionario de máxima confianza de la gobernadora. Desde el 10 de diciembre de 2015 y hasta el 31 de marzo pasado, la AGAI inició 10.761 sumarios a integrantes de la Bonaerense, de los cuales 4.308 fueron apartados, 1.152 resultaron suspendidos, 405 exonerados y 354 terminaron detenidos. Es decir que, durante lo que va de la gestión de Vidal, fue detenido un policía cada 32 horas. Además, de acuerdo a un informe al que pudo acceder el diario Hoy, están en trámite de proceso de expulsión otros 800 policías. Lo estamos filmando Estos números tienen un arduo trabajo de fondo: civiles y policías, quienes cumplen funciones en Asuntos Internos, trabajan como si se tratara de fiscalías penales. La AGAI tiene dividida la Provincia en cuatro zonas: Sur, Centro, Norte y la última conformada por los municipios de San Martín y Tres de Febrero. Cada sector tiene a un auditor sumarial a cargo y, a su vez, cada uno cuenta con diez instructores. Un vocero del Ministerio de Seguridad detalló que “cada zona tiene una mesa de entradas y empleados administrativos, y funciona como una fiscalía. Abogados civiles conducen las estrategias y el trabajo de calle lo efectúan policías de comando”. Dentro de la AGAI funciona la Dirección General de Grupos Operativos, de la que dependen 65 policías, y en la actualidad no hay ningún agente que supere la jerarquía de comisario. El portavoz indicó que las autoridades de la Auditoría General, al llegar el 10 de diciembre de 2015, encontraron que había 45 policías, pero trasladaron a 20 y seleccionaron a 45, por lo que ahora son 70. Estos agentes (policías que investigan a sus pares) por lo general no usan uniforme y son de suma confianza. “Hacen tareas de campo, lo que les indiquen los instructores. Realizan vigilancias encubiertas, seguimientos y filmaciones. También sacan fotos, entre otras actividades de investigación”, indicó la fuente. También actúan en los allanamientos y detenciones de los integrantes de la fuerza, escenarios a los que van armados “hasta los dientes”. Sin derecho a hacer una llamada El protocolo en este tipo de procedimiento es duro. “Cuando llega a un objetivo personal de Asuntos Internos, nadie puede hablar por teléfono ni por celular, se cierran todos los accesos y se prohíben los egresos e ingresos. Hasta se les pide a los presentes que se corran de sus lugares, todo para preservar el estado de situación”, agregó el vocero. Todo lo que se secuestre forma parte del sumario iniciado, que puede terminar con exoneración, cesantía, suspensión o sobreseimiento del policía acusado. El proceso interno, para garantizar objetividad, hace intervenir a la Dirección General Legal y Técnica de la AGAI, para que analice todo el expediente y certifique que se haya respetado el debido derecho de defensa, la legalidad de las pruebas y el control de los plazos. El área de Relatoría de Legal y Técnica es la que propone la sanción final al auditor general de Asuntos Internos, quien tiene la última palabra.