Julio De Vido y su abogado defensor Adrián Maloneay fundamentaron su pretensión en "la necesidad de contar con un juicio justo, libre de presiones o sospechas políticas, que finalice con una sentencia dictada por un tribunal independiente e imparcial".
Asimismo, dijeron que "la necesidad de que la sentencia sea dictada por un tribunal que no se vea sometido al inédito nivel de presiones que los poderes ejecutivo y legislativo vienen ejerciendo sobre el judicial, garantizando a todas las partes una sentencia libre de sospechas vinculadas con las necesidades coyunturales de un gobierno".
"No existe ningún obstáculo razonable a este pedido teniendo en cuenta que las particularidades de su implementación pueden ser resueltas mediante la celebración de una audiencia a ese efecto", indicaron.
Según el escrito, "es la única forma de tener un juicio que esté a la altura de los acontecimientos que se investigan y que garantice una respuesta institucional adecuada, en un contexto tan enrarecido y tan sensible al aprovechamiento político como el de la actual campaña electoral".
De Vido y su defensa también advirtieron que existió "una inédita instrucción express" en la cual "nunca fueron analizadas sus presentaciones, ni evaluados sus argumentos, y le fueron sistemáticamente denegadas todas las medidas de prueba que solicitó".
El ex ministro es investigado por la responsabilidad en la tragedia ferroviaria de Once, en la que murieron 51 personas, mientras él se desempeñaba como superior de la secretaría de Transporte.
