Los números son irrefutables: desde que el presidente Mauricio Macri emitió el decreto migratorio en los primeros días de este año para habilitar la expulsión de aquellos extranjeros que cometen delitos o tienen causas penales avanzadas en el país, la cantidad de inmigrantes deportados por la Argentina aumentó un 35% comparado con el 2016. Y la proyección para este año es que haya un incremento de expulsados del 70% respecto del año pasado.
Mientras a junio de 2016 había 113 extranjeros expulsados por haber cometido delitos o por tener condenas, en lo que va de este año esa cantidad se incrementó a 152 expulsiones. De la totalidad de los extranjeros en la mira de la justicia que había en el país, 32 fueron expulsados compulsivamente como lo prevé el decreto 70/2017 y el resto por tener un proceso de expulsión avanzado, en acuerdo de las partes de los extranjeros acusados de delitos y con condenas firmes.
Por otra parte, el Ejecutivo incrementó en un 22% el rechazo en puestos de frontera al ingreso de extranjeros con causas penales o antecedentes judiciales vinculados al delito. Así, en lo que va del año se prohibió el ingreso de 8.200 personas que tenían causas judiciales y querían ingresar al país por diferentes lugares de las fronteras.
Los datos surgen de un informe del gobierno que elaboró la Dirección de Migraciones. Allí se destaca que de la mayoría de los expulsados los que tenían condenas eran 52 y estaban acusados de tenencia de estupefacientes, 15 por robo agravado, 12 por homicidios agravado, 11 por abuso sexual y el resto por otros delitos. En tanto, la mayoría de los extranjeros expulsados eran paraguayos y le siguen ciudadanos de Perú, Bolivia, Colombia, Uruguay, Chile y Alemania.
Por otra parte, el informe destaca que la mayoría tenían antecedentes penales por delitos de narcotráfico.
