La defensa de Diego Lagomarsino, asesor informático de Alberto Nisman y dueño del arma encontrada en la escena de la muerte, solicitó hoy a la Justicia que declare nula la conclusión del peritaje de Gendarmería Nacional que indicó que al fiscal lo asesinaron tras haberlo drogado.
Según fuentes judiciales, los abogados defensores del experto cuestionaron, sobre todo, la supuesta detección de restos de ketamina en el cadáver de Nisman. Según opinaron, pasaron más de dos años y no hay certificación de cuándo y cómo se le inyectó, así como el horario exacto de la muerte del fiscal.
El pedido fue presentado por el abogado defensor Gabriel Palmeiro al fiscal federal Eduardo Taiano, quien lleva adelante la investigación sobre la muerte del extitular de la Unidad Fiscal AMIA. El cuerpo de Nisman fue encontrado sin vida con un tiro en la cabeza el 18 de enero de 2015 en el baño de su departamento en Puerto Madero.
Para la defensa, los estudios toxicológicos no pueden haber encontrado rastros de ketamina dado que los restos del cuerpo no están conservados a 20 grados bajo cero dentro de la morgue judicial y, a la vez, se encuentran almacenados en un envase de plástico.
Asimismo, cuestionó la coordenada temporal que la Junta Interdisciplinaria da como hora de la muerte a las 3 de la madrugada. Además, defendió su hipótesis de que Nisman se suicidió disparándose en la cabeza en la mañana del 18 de enero, entre las 8 y el mediodía, por los datos que surgen de la temperatura y rigidez corporal.
La defensa de Lagomarsino coincide con la hipótesis de que Nisman se quitó la vida en coincidencia con la autopsia y dictamen de 13 médicos del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema y un informe de la peritos de la Policía Federal.
Según el informe de Gendarmería, el fiscal fue golpeado, drogado con ketamina y asesinado por dos personas que quisieron luego camuflar la escena como un suicidio.
Nisman apareció muerto días después de denunciar a la expresidenta Cristina Kirchner y funcionarios de su gobierno, entre otros, por supuesto encubrimiento a raíz de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán por el atentado a la AMIA.
