El fiscal federal Carlos Stornelli pidió el procesamiento de Guillermo Moreno por la manipulación de estadísticas oficiales, especialmente de la inflación en el kirchnerismo, durante la intervención que lideró quien fuera el poderoso Secretario de Comercio Interior.
El fiscal acusó al exfuncionario K por los delitos de violación de secretos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de poder, por irregularidades en el organismo entre 2007 y 2015. El requerimiento deberá ser resuelto por el juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral.
El fiscal detectó que no solo hubo manipulaciones en las cifras oficiales de inflación sino también del Producto Bruto Interno (PBI), de los niveles de pobreza e indigencia y de la canasta básica de alimentos. El fiscal detectó que no solo hubo manipulaciones en las cifras oficiales de inflación sino también del Producto Bruto Interno (PBI), de los niveles de pobreza e indigencia y de la canasta básica de alimentos. Su pedido de procesamiento incluye a directivas de la plana mayor del INDEC durante el kirchnerismo como Beatriz Paglieri y Ana María Edwin, además de María Celeste Campora Avellaneda y Marcela Filia.
En su presentación a Canicoba Corral Stornelli le pidió al juez la ampliación de la investigación por los efectos generados por la manipulación del Índice de Precios al Consumidor para los tenedores de de bonos ajustados por Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y por la adulteración de los indicadores de pobreza e indigencia, de acuerdo al dictamen al que accedió La Nación.
El fiscal indicó en su pedido que los exfuncionarios investigados que provocaron "un grave deterioro a la confiabilidad del INDEC" como organismo estadístico oficial reconocido a nivel internacional y las implicancias de "su descreimiento en razón de su influencia en asuntos trascendentales de la economía nacional".
Moreno viene de ser condenado a dos años y seis meses de prisión en suspenso por el delito de "peculado", juzgado por el Tribunal Oral Federa 6 por el uso de fondos públicos para la adquisición de cotillón contra el Grupo Clarín. El exfuncionario K fue sancionado a partir de la malversación de caudales públicos, un delito que consiste en la apropiación y uso indebido del dinero perteneciente al Estado por parte de las personas que se encargan de su control y custodia.
