La Justicia platense ordenó 24 allanamientos simultáneos en la capital provincial, Necochea, Quequén, Mar del Plata y Balcarce, en los cuales resultaron detenidos un abogado, un empleado del IPS y 18 personas más, acusados de estafar a la administración pública con el cobro de jubilaciones de privilegio truchas, que provocaron pérdidas al Estado por más de 44 millones de pesos, informaron fuentes judiciales y policiales.
De los veinte demorados, seis quedaron imputados por el delito de asociación ilícita y el resto, todos mayores de 55 años, por defraudación a la administración pública. En tanto, otros seis sospechosos presentaron pedidos de eximición de prisión y evitaron ser apresados.
En La Plata fue detenido un empleado de mesa de entradas del Instituto de Previsión Social, identificado como Carlos Joaquín Gallina, luego de un allanamiento en su vivienda de 530 entre 14 y 15.
En tanto, en Necochea, resultó aprehendido el abogado Enrique Cruz del Hoyo, acusado de tener una participación activa en la banda delictiva, y Juan Carlos Jalil. En Mar del Plata, además, cayó Tomás Echaveguren.
Todo parece indicar que el letrado coordinaba a un grupo de al menos cuatro sujetos, denominados en la investigación como "gestores", que tenían la función de captar a personas de la tercera edad que no tuvieran aportes previsionales.
En diálogo con diario Hoy, el fiscal que encabeza la pesquisa, Hugo Tesón, explicó que "esta causa es una extensión de otra que se inició en 2010 y que culminó con trece detenidos".
Esa investigación fue realizada por el fiscal Jorge Paolini, luego de una denuncia radicada por el entonces titular del IPS y actual intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares.
