Los familiares de un preso que denunció a guardiacárceles por presunta venta de drogas temen que ahora corra con la misma suerte que su compañero Fernando Sebastián Medina, asesinado en el penal de Villa Urquiza hace cinco días.
Ambos habían dado detalles sobre el supuesto sistema de comercialización de sustancias ilegales en la unidad penitenciaria de México y Marco Avellaneda.
"Si no me sacan ya, me van a matar", dijo el preso asesinado
Según sus testimonios, miembros del Servicio Penitenciario distribuirían estupefacientes en la cárcel. Medina, de 31 años, murió el miércoles. Recibió tres puñaladas en el medio del patio del Anexo I. Lo habría ultimado Alejandro "Pichi" Mendoza, que hace poco menos de un año comenzó a cumplir una condena a 18 años de prisión por el homicidio de una joven.
Tanto los familiares de Medina como del otro testigo (su identidad se mantiene en reserva porque, al igual que el asesinado, también es un testigo protegido), aseguran que se trató de un homicidio cometido por encargo. La razón, sostienen, es que los dos presos no sólo se negaron a vender drogas para los guardiacárceles, sino que además los denunciaron en la Justicia.
"Esto es una mafia, ahora quieren matar a mi marido como hicieron con Medina", asegura M.R. La mujer cuenta que el día anterior al asesinato de Medina, fue al penal a visitar a su esposo y él le expresó su temor. "Cuando estuvimos, el ambiente estaba muy pesado. Mi marido me dijo: "A nosotros nos van a matar". A él también lo atacaron, pero se salvó", denuncia.
El testigo protegido está internado ahora en un hospital de salud mental. Según contó su mujer, lo mantienen sedado e inmovilizado. "Lo tienen completamente dopado y atado a una cama, como si fuera una bestia. No puede ni hablar. ¿Así quieren que declare mañana? (por hoy). En el estado en que está, no puede ni pararse para ir solo al baño. No era necesario que lo tengan así, cuando le faltan cinco meses para recuperar la libertad", se quejó. La mujer explicó que su marido tiene que ser presentado ante la fiscala Adriana Giannoni, que cambió el ángulo de la investigación sobre la base de los datos aportados por la familia de la víctima.
