"Vamos a hacer una denuncia en Bruselas, en la OIT, por prácticas antisindicales", anticipó el líder de los gremios docentes. El sindicalista respondió con dureza al decreto del presidente Mauricio Macri que oficializó el fin de la paritaria nacional docente y que, además, le quitó poder de negociación al gremio mayoritario, la Confederación de Trabajadores de la Eduación (Ctera) que encabeza el actual diputado kirchnerista Hugo Yasky.
El decreto 52/2018 publicado en el Boletín Oficial reglamenta la Ley de Financiamiento Educativo de 2006 y formaliza el piso del 20% por encima del salario, mínimo, vital y móvil para que, a partir de ese valor, rijan las negociaciones entre las provincias y las entidades sindicales. En otras palabras, ningún docente del país debería ganar menos de $ 11.400 mensuales, ya que el SMVM está en la actualidad en $ 9.500. El decreto Además iguala la representación de los gremios docentes nacionales en el espacio de debate. Así, a partir de ahora en la negociación docente nacional se tratarán solo cuestiones laborales y ya no salariales.
"Hay una embestida del gobierno contra los sindicatos, quieren quitar derechos y maximizar las ganancias empresarias", cuestionó el sindicalista en una entrevista a Radio Télam. Baradel, ligado al kirchnerismo, anticipó que van a hacer una denuncia en la Organización Internacional del Trabajo en Bruselas "por prácticas antisindicales".
Además rechazó el tope de 15% en aumentos salariales que impulsa el Gobierno, en línea con la meta de inflación prevista para este año. "Rechazamos la paritaria del 15%, la proyección está por encima del 20 y queremos cláusula gatillo", dijo el jefe de SUTEBA. Justamente el Ejecutivo apuesta a dejar de lado la llamada "claúsula gatillo", que se activa en caso de que el costo de vida supere la suba acordada. Además de los docentes, bancarios y Comercio también rechazan el límite de 15% de alza.
El decreto de Macri modifica al anterior, del 2007, firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner, que fijó las pautas para la negociación a nivel nacional entre los gremios docentes y el gobierno al reglamentar el artículo 10 de la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo.
"Deviene necesaria la actualización del ámbito de discusión del convenio marco, garantizando la equidad en la representación de todas las voces con el fin de mejorar las condiciones generales de los docentes del Sistema Educativo Nacional, adecuando la normativa vigente y estableciendo nuevos criterios de relación", indica la norma.
Con este argumento, el artículo 1 determina que "la representación de los trabajadores docentes del sector público de gestión estatal en el convenio marco, será ejercida por un miembro de cada asociación sindical" del orden nacional. Así iguala la presencia de los gremios, que, hasta ahora, era proporcional a su cantidad de afiliados a nivel nacional.
En el ámbito de discusión del llamado "convenio marco" de las negociaciones docentes Ctera tenía una presencia mayoritaria frente a los demás gremios nacionales, que son la Unión Docentes Argentinos (UDA), los privados del Sadop, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA).
El decreto, además, separa los ámbitos de discusión de ese "convenio marco" para la educación pública de gestión estatal y para la educación de gestión privada. Para el primer caso prevé la participación en las negociaciones de representantes del Ministerio de Educación de la Nación, del Consejo Federal de Educación y de los gremios. Para el caso de los privados participarán las autoridades del Ministerio, representantes de la Sadop (Sindicato Argentino de Docentes Privados) y referentes de los empleadores del sector.
El artículo 4 de la norma deja en claro que el ámbito de discusión entre el Gobierno nacional y los gremios docentes a nivel nacional se dedicará a cuestiones laborales, del calendario educativo y de la carrera docentes. Al enumerar los temas que serán abordados en ese espacio deja afuera el salarial.
"En lo referido al salario mínimo docente, queda establecido que el mismo no podrá ser inferior al 20 por ciento por encima del salario mínimo vital y móvil vigente, acuerdo arribado entre las asociaciones sindicales y el Poder Ejecutivo Nacional según el acta suscripta entre las partes de fecha 25 de febrero de 2016", indica el artículo 4 del decreto.
Así la resolución busca saldar uno de los puntos de mayor conflictividad en la discusión entre los gremios y el Gobierno, el reclamo de la realización de una discusión paritaria a nivel nacional. Este pedido, al que no accedió la Nación, llevó a la Ctera a convocar distintas medidas de fuerza y a protestar con una carpa itinerante, que arrancó frente al Congreso y recorrió todas las provincias para visibilizar el reclamo.
