En la ciudad de Santa Fe otra vez estalló la polémica entre las autoridades del área y una familia sustituta que se encariñó con un menor en guarda. Pese a que no podían tenerlo más de seis meses el Estado se lo dejó olvidado en ese hogar hace casi dos años. La familia sustituta había firmado al momento de recibir la criatura un compromiso aceptando que no podría aspirar a una adopción.
Pero la situación cambió radicalmente luego de dos años de estar a cargo de la menor.
Ayer, el matrimonio integrado por Sergio Gigliotti y Cristina Morla restituyó a la Subsecretaría de Derechos del Niños, Niñas y Adolescentes al niño de tres años que le habían depositado en guarda hacía casi dos años en el marco del programa provincial de Familias Solidarias.
Se vivieron momentos desgarradores de angustia y llanto en la puerta del organismo, donde un grupo importante de vecinos acompañó al matrimonio con una marcha de apoyo. La prensa siguió las alternativas del caso que, como otros, conmovió a la ciudad y alimentó los debates y los posicionamientos de los santafesinos.
Gigliotti es un conocido periodista que trabaja en LT10 Radio Universidad y eso fue, si se quiere, coadyuvante para incrementar la visibilidad del caso y atraer protagonistas a la polémica pública. ¿Hasta dónde quienes olvidaron al niño con la misma familia solidaria por casi cuatro veces el tiempo permitido por la ley podían ampararse en su cumplimiento para quitárselos ahora, cuando los Gigliotti habían manifestado su decisión de adopción?
La familia solidaria supo siempre que no podría aspirar a ser adoptante y al inscribirse como tal incumplió la ley y rompió su compromiso. ¿Alcanzan las falencias del organismo estatal para convalidar su nueva conducta contraria a la ley vigente?
La Subsecretaría de Derechos del Niño, Niña y Adolescentes (junto con la ausencia absoluta de los controles que sobre el área deberían actuar) es un espacio del Estado provincial que los santafesinos, al menos en la capital, miran con desconfianza y, se diría, no sin cierto prejuicio.
Es que no han sido pocos los casos como el de los Gigliotti que han conmovido a la polémica pública. En casi todos alguna falencia estatal fue la génesis en el devenir de los hechos en esas situaciones, siempre complejas porque los afectos no entienden de plazos ni prescripciones legales. Y, los funcionarios sí deben ajustarse a éstos. Se supone que la ley fue pensada y rige —luego de los convenientes estudios de especialistas y los debates legislativos— para garantizar el bienestar de los niños y adolescentes.
