La ola de aumentos tarifarios de Febrero, que incluyen el transporte, la electricidad y el agua, pusieron nuevamente en debate cuál es el rol que ocupa la Defensoría del Pueblo bonaerense.
La gobernadora María Eugenia Vidal nombró para dicho organismo a Guido Lorenzino, uno de los diputados que más férreamente había defendido a Daniel Scioli durante su gestión y la campaña electoral del 2015.
Según expresa la página oficial de la Defensoría, uno de sus objetivos es "supervisar que las empresas de servicios públicos y privados brinden los servicios de manera adecuada".
Por otro lado, debe "atender las inquietudes de las personas que se sientan afectadas por ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario o negligente, falta de respuesta a reclamos efectuados, mala prestación, atención o trato, insuficiencia de información, o ineficacia de servicios".
En los últimos dos años, los reclamos vecinales han sido múltiples: los cortes de luz no mermaron y los problemas por la falta de suministro de agua se multiplican en los barrios. Tanto en el caso de ABSA como de EDELAP, hay un denominador común: la falta de respuesta de las empresas ante los llamados vecinales. Incumplen de manera clara el derecho a la información de los consumidores y usuarios, consagrados a partir de la reforma de 1994 en la Constitución Nacional.
Lorenzino ha realizado críticas hacia el desempeño de estas prestadoras, pero de manera bastante tímida. Desde la oposición brindan una explicación coherente a este comportamiento: Lorenzino formó parte del anterior gobierno provincial, donde estos problemas con el suministro también eran cotidianos. "No tiene legitimidad para criticar", argumentan.
La Defensoría del Pueblo tuvo un rol pobre antes los distintos tarifazos anunciados por el gobierno. Solamente logró un éxito parcial cuando aplazó el incremento de los peajes controlados por AUBASA.
El poco peso de la Defensoría también se percibe en la mayor exposición que han ido teniendo las asociaciones civiles de consumidores, quienes tienen más presencia en los medios y avanzan de manera más clara contra los atropellos de las empresas y el gobierno.
Por lo pronto, las audiencias públicas avanzan y la Defensoría se queda en meras exclamaciones de quejas. ¿Los ciudadanos? Indefensos.
