Juan Manuel Abal Medina fue Jefe de Gabinete de Cristina Kirchner entre el 10 de diciembre de 2011 y el 18 de noviembre de 2013 . Había sido indagado por el juez Claudio Bonadio en una causa en la que se determinaron irregularidades en la entrega de fondos para abastecer a los "Programas Municipales de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos" (GIRSU) para el tratamiento de desechos.
El juez procesó en diciembre pasado a los ex jefes de Gabinete del kirchnerismo Aníbal Fernández y Jorge Capitanich al igual que a tres ex secretarios de Ambiente de la anterior administración por el modo en que se repartieron los subsidios y la falta de control en el cumplimiento de la realización de las obras por parte de varios municipios.
Pero en la misma resolución, Bonadio le dictó una falta de mérito a Abal Medina. El juez había determinado que el ex jefe de Gabinete, enterado de irregularidades en GIRSU a partir de un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), había dado intervención a la Auditoría de la Jefatura de Gabinete para que se ordenara la situación. Para el juez, Abal Medina se diferenció de Fernández y de Capitanich. Esa decisión fue apelada por el fiscal federal Carlos Rívolo y por el fiscal de Investigaciones Administrativas, José Ipohorski Lenkiewicz, quienes consideraron que Abal Medina tuvo la misma responsabilidad que los otros ex jefes de Gabinete.
La causa comenzó por una denuncia del ministerio de Ambiente de la gestión de Mauricio Macri. Se realizó una auditoría interna en conjunto con la Sindicatura General de la Nación, y según señalaron los fiscales en la apelación a la que accedió Infobae a través de fuentes judiciales, "durante el período 2013-2015 se giraron un total aproximado de $590.136.927 a distintos municipios, discriminados de la siguiente manera: en el año 2013 se debitaron $182.856.775 a 75 municipios de 13 provincias; en 2014 se transfirieron $275.065.082,98 a 64 municipios de 11 provincias; y en 2015 se otorgaron $132.215.069 a 42 municipios de 8 provincias". Asimismo, se compulsaron los 194 expedientes administrativos en los que se resolvió transferir dinero a las distintas jurisdicciones y, a grandes rasgos, se observaron las siguientes irregularidades:
1-Carencia de un mapa crítico que permitiera disponer de información fundada sobre aquellas municipalidades más vulnerables o con mayores problemas en la gestión de sus residuos sólidos; No se respetó, para el análisis de las presentaciones de los municipios, el orden cronológico de su recepción;
2-Se verificaron diferencias de tiempo sustanciales en el tiempo de tramitación de las solicitudes, pasando de proyectos con fondos transferidos a los dos meses de su presentación, a otros que, habiendo transcurrido más de setenta y seis meses, aún se encontraban en trámite;
Los informes de aprobación de los proyectos presentados se limitaban a cuestiones meramente administrativas, sin haberse expedido respecto a su factibilidad y sustentabilidad;
3-Falta de control interno en la ejecución de los planes. Los convenios preveían plazos de ejecución y rendición demasiado extensos, durante los cuales, el Programa no contaba con información alguna con relación al uso otorgado a los fondos transferidos. En este sentido, agregaron que existía un alto porcentaje de transferencias efectuadas, que se encontraban vencidas, pendientes de rendición, por una suma aproximada de $246.000.000, sin contar con información concreta sobre el destino dado a esos fondos;
4-En la ejecución de los proyectos se verificaron modificaciones e incumplimientos parciales o totales, y los controles efectuados por las áreas competentes sobre el cumplimiento de los objetivos previstos, adolecían de diferentes falencias;
5-Se observaron solicitudes que no reunían la totalidad de requisitos exigidos y, sin embargo, se aprobaron y se les efectuó la transferencia del presupuesto solicitado.
