El objetivo de la medida es asegurar los bienes ante un eventual decomiso que pueda darse en caso de que los acusados sean condenados en un juicio oral. En concreto, se pretende evitar que sobre los activos "se produzca un deterioro que conspire contra la garantía patrimonial que con su cautela se pretende salvaguardar".
"Habré de solicitar que se disponga el secuestro y depósito judicial de los bienes muebles registrables de titularidad de los procesados Echegaray, López y De Sousa, y también de los bienes muebles registrables de tipo suntuoso de las empresas de los dos últimos", explicó el fiscal.
Los activos sobre los que se pidieron los embargos son 70 inmuebles, 1266 automóviles, motovehículos y maquinarias, 4 embarcaciones, 5 aeronaves y las participaciones accionarias directas de López y De Sousa en cinco sociedades del Grupo Indalo.
En el caso de Echagary, se pidió embargar su casa de Tigre, pero el ex jefe de la AFIP la puso como bien de familia para ponerla a salvo de una acción judicial de este tipo. El fiscal pretende impedirlo.
La Cámara Federal tiene que resolver si confirma los procesamientos. Si eso ocurre, la causa quedará en condiciones de ser enviada a juicio oral.
