En Argentina se realizan alrededor de medio millón de abortos por año, según cifras de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito (CNDA). Sin embargo durante años, hablar de ello era -y en varios sectores aún es- tabú. Estos días el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo, llegó a los medios de comunicación y muchos referentes y personajes públicos han expresado sus opiniones, pero aún falta que la discusión llegue a uno de los lugares más importantes: el Congreso de la Nación Argentina. Por su parte Cambiemos anunció que abrirá el tratamiento las Cámaras, pero no daría quórum. Eso también es negar el debate.
La legislación siempre va a por detrás de la realidad, pero en este caso ya atrasó demasiado. El aborto fue, es y seguirá siendo una realidad le guste a quien le guste o no. Y puede haber distintas concepciones, opiniones y moralidades pero hay una realidad: en los países donde se ha legalizado, no ha disminuido, ni aumentado la cantidad de abortos realizados pero sí ha bajado el número de mujeres muertas por abortos clandestinos.
Una mujer que atraviesa un embarazo no deseado, por las razones que sean, y que llega a la decisión de interrumpirlo no le hace livianamente. La legalización del aborto no significa que más mujeres vayan a abortar o que nos vayamos a olvidar de los métodos anticonceptivos (que dicho sea de paso, también son responsabilidad del varón).
El Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue presentado ante el Congreso por la CNDA por primera vez hace 13 años. El 30 de junio de 2016 lo llevaron por sexta vez consecutiva y la negativa al tratamiento fue sistemática, ni siquiera se debatió en comisiones.
Durante años, los bloques mayoritarios, en especial el FPV y el PRO, impidieron que se llevara adelante la discusión e hicieron que una y otra vez el proyecto de ley perdiera estado parlamentario. Entre los legisladores parece que primaron las posiciones personales, las presiones políticas y morales o eclesiásticas por sobre la necesidad urgente de garantizar la salud sexual.
UN DERECHO NEGADO
Si bien no hay cifras oficiales, se estima que alrededor de 300 mujeres mueren por abortos clandestinos por año. Que la interrupción del embarazo deba ser realizada en la ilegalidad pone en riesgo a las mujeres y además evidencia la desigualdad social y la inequidad a la hora del acceso a la salud.
Es que nunca faltan aquellos que desean lucrar con la desesperación ajena y existen médicos que cobran hasta 40 mil pesos por un aborto. Ahora, quienes pueden pagar esos costos son un porcentaje reducido mientras que las mujeres pobres deben caer en métodos mucho más riesgosos y marginales poniendo en riesgo su cuerpo y su vida.
Por otro lado, no sólo padecemos la ilegalidad sino también la criminalización del aborto que en nuestro país ha llegado a encarcelar mujeres por sufrir abortos espontáneos como fue el caso de Belén en Tucumán.
Asimismo, sólo ocho provincias contemplan la aplicación del protocolo del aborto no punible; amparado por el Código Penal desde 1921.
Hace ya casi seis años, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas remarcó como uno de los principales problemas de la situación de los derechos humanos en nuestro país: la dificultad en el acceso de las mujeres a la salud sexual y reproductiva como uno, destacando la mortalidad materna, cuya principal causa son las abortos inseguros realizados en la clandestinidad.
Frente a este panorama, es imperante que los legisladores dejen de negar el debate y reconozcan los derechos reproductivos, sexuales, a la salud, a decidir sobre el propio cuerpo a todas las mujeres.
Ni una mujer muerta más por abortos clandestinos.
EDUCACIÓN SEXUAL PARA DECIDIR, ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR, ABORTO LEGAL PARA NO MORIR
