La decisión fue del juez Luis Rodríguez por la presunta malversación de fondos millonarios del extinto ministerio de Planificación Federal a la mina de carbón la ciudad. En la misma causa también están procesados Roberto Baratta, ex mano derecha de Julio De Vido; Martín Goicochea, rector de la UTN regiona; Miguel Larregina, exgerente contador de Yacimiento Carbonífero de Río Turbio; y Hugo Sánchez.
El fiscal Carlos Stornelli había pedido esta medida a fines de febrero, al argumentar que este grupo de funcionarios defraudó al Estado al "conformar y materializar un sistema ilícito de contrataciones". En la investigación, se detalla que tercerizaron todas las obras a través de la Facultad Regional de Santa Cruz de la UTN.
Así, a través de una fundación vinculada a la facultad se realizaron compras y contrataciones "de forma directa sin sujeción a las normas en materia de contrataciones públicas". La maniobra investigada fue "orquestada y ejecutada entre 2008 y 2015", según la investigación de Stornelli. Se calcula que el perjuicio al Estado fue superior a los 567 millones de pesos.
El fiscal aclaró que el intendente malversó los fondos públicos y firmaba los convenios que excedían el límite. Además, afirmó que las irregularidades que se registraron fueron "obscenas" y hechas con el único objetivo de evitar los controles en materia de contratación, por "obras inconclusas, con anticipos financieros y con sobreprecios".
