El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, confirmó este viernes el asesinato de los periodistas que habían sido secuestrados el 26 de marzo en la frontera con Colombia por guerrilleros disidentes de las FARC.
"Lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas", expresó el gobernante en una declaración ante la prensa en Quito. Las víctimas son el periodista Javier Ortega, de 32 años, el fotógrafo Paúl Rivas, de 45, y el conductor Efraín Ortega, de 60. Sus captores exigían un canje por tres presos y el fin de un convenio antidrogas entre ambos países.
"Estamos sufriendo las consecuencias del conflicto en nuestro vecino país", afirmó Moreno. El mandatario anunció el "reinicio de las operaciones militares en la zona fronteriza" a modo de represalia.
"El equipo periodístico estaba haciendo una investigación sobre la escalada de violencia que hubo en el último tiempo en la frontera norte y cómo se llegó a esto", dijo Fernando Astudillo, periodista de Ecuador.
El gobierno acusó del secuestro al Frente Oliver Sinisterra. Esta organización cuenta con entre 70 y 80 hombres y la dirige el ecuatoriano Walter Arízala, alias "Guacho", uno de los hombres más buscados tanto en Colombia como en Ecuador. "Guacho" se mueve entre ambos países por un área selvática que sirve de ruta para el tráfico de drogas. Moreno anunció que fijó una recompensa de 100.000 dólares por información que permita dar con su paradero.
El secuestro del equipo de El Comercio es el episodio más dramático de la oleada de violencia -hasta ahora desconocida- en Ecuador, que estalló en enero en la frontera. Todo apunta a que la serie de ataques, la mayoría con bomba y que dejan cuatro muertos y 42 heridos, es consecuencia directa del acuerdo de paz firmado a finales de 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC.
Con el desarme de la otrora guerrilla más poderosa de América Latina, convertida ahora en partido político, aparecieron disputas territoriales entre desertores del pacto de paz, bandas procedentes de antiguos paramilitares desmovilizados y otras guerrillas.
Desde hace décadas, esta porosa y selvática frontera de 720 kilómetros es utilizada por las bandas que viven del tráfico de droga, de armas y de combustible, así como de la minería y de la tala ilegal.
