El magistrado federal Adolfo Gabino Ziulu hizo lugar a un amparo que presentó la asociación civil Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis).
La organización pidió postergar al menos hasta mayo el aumento en la tarifa de gas que rige desde el 1 de abril, por considerar que se trata de una "suba inconstitucional".
Paralelamente, el juez le pidió informes sobre el último amento al Gobierno y le dio una plazo de tres días al Enargas y al Ministerio de Energía y Minería para que expliquen el nuevo cuadro tarifario.
Cepis es la misma organización no gubernamental que en 2016 demandó al Estado con el argumento de que la suba no era razonable y que no respetaba la obligación de hacer audiencias públicas previas. La causa terminó en la Corte Suprema y obligó al Estado Nacional a frenar el aumento y armar un nuevo esquema para poder implementar los ajustes.
En esa oportunidad, la entidad sostuvo que el Gobierno anticipó "un mes la aplicación del aumento del 40% en la tarifa de gas natural por redes, cuando la normativa vigente establece que el nuevo cuadro tarifario recién se puede aplicar a partir del 1° de mayo de 2018". "Se aplica desde el 1° de abril afectaría los derechos constitucionales de los ciudadanos", subrayaron en el Cepis.
Este jueves los jefes de las bancadas oficialistas en el Congreso, Nicolas Massot, del PRO y Mario Negri, de la UCR, ratificaron los aumentos previstos en los servicios y aclararon que sumarán planes de pago para las facturas que empiecen a llegar con las subas. Fue después de reunirse con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en la Casa Rosada. El encuentro -del que no participó la aliada de Cambiemos Elisa Carrió- fue convocado tras el fracaso de la sesión del miércoles impulsada por la oposición para tratar el tema.
