La Procuración General de La Nación dio lugar al pedido de Farmacity de nombrar inconstitucional el artículo 14 de la ley 10606, que establece que "serán autorizadas las instalaciones o enajenaciones de farmacias cuando la propiedad sea: a) De profesionales farmacéuticos con título habilitante; b) De Sociedades Colectivas o Sociedades de Responsabilidad Limitada, integradas totalmente por profesionales habilitados para el ejercicio de la Farmacia.
Aunque todavía falta la autorización de la Corte Suprema de Justicia, este pedido permitiría que se puedan instalar las farmacias de la famosa cadena empresarial, lo que provoca un gran malestar para las llamadas farmacias tradicionales o de barrio de la provincia.
La llegada de Farmacity implica competencia directa entre farmacias y pone al sistema de salud como un servicio mercantil.
Hay una gran preocupación que es la posible desaparición de las farmacias, dejando a farmacéuticos y empleados sin su fuente de trabajo.
Según indicaron desde el Colegio de Farmacéuticos "hay 4500 farmacias en toda la Provincia, las cuales se ven fuertemente amenazadas y con peligro de cierre por el eventual desembarco de la cadena Farmacity".
Pero también existen otros eslabones de una cadena que podría desaparecer al igual que las farmacias de barrio: las droguerías.
El sistema de compra para las farmacias tradicionales es a través de las droguerías nacionales. Farmacity tiene compra directa con los grandes laboratorios internacionales, explicaron algunos farmacéuticos.
El detrás de esta medida permite que las lógicas del mercado sea otra, sin una regulación e intervención del Estado directa. Las grandes empresas podrán tener acceso esas reglas, pero para las farmacias tradicionales le es imposible alcanzarlas.
Si bien Farmacity podría comprar en droguerías nacionales para que estas no tengan un impacto, la cadena empresarial tiene otro poder económico de compra.
Por otro lado, se plantea cuál es el lugar en que se pone el servicio de las farmacias. Desde el sector, viene manifestando "que la venta de medicamento es un bien social, no es una mercancía común, desde ese lugar se hace esta ley protegiendo de algún modo a la farmacia de todo lo que son las grandes corporaciones, motivo por el cual en esta ley las sociedades anónimas, las grandes corporaciones, no pueden abrir farmacias".
En este sentido, y bajo esta problemática que aqueja a los farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, el diputado del bloque del Frente Renovador Lisando Bonelli, presentó un proyecto de ley para frenar el avance de la empresa multinacional Farmacity en la provincia.
Por su parte, desde el colegio de farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, se espera a que la Corte Suprema de Justicia no dé lugar al ingreso de la empresa Farmacity para poder mantener a las farmacias tradicionales.
