De esta manera, el oficialismo busca presionar a los gobernadores que ya anunciaron que no reducirán gravámenes en sus respectivas provincias. Como contraofensiva a las propuestas de la oposición, el Gobierno tiene su propio proyecto de ley para derogar los impuestos internos en las tarifas de los servicios públicos.
"Las facturas de los servicios públicos esenciales deberán contener exclusivamente los cargos por el consumo realizado por el usuario, incluyendo solo el impuesto al IVA e Ingresos Brutos, si correspondiera", reza el texto y aclara que "no se podrá incorporar en la facturación cualquier otro cargo, tasa o concepto" a los mencionados. La iniciativa será presentada por el presidente provisional de la Cámara Alta, Federico Pinedo, y alcanzará a todas las provincias y municipios del país.
La idea habría surgido en una reunión entre el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, el jefe del bloque del Pro en la Cámara Baja, Nicolás Massot, y la vicepresidente Gabriela Michetti.
El artículo 3° del proyecto establece que la norma alcanza a "los entes distribuidores o quienes fueren los sujetos responsables de la facturación por el cobro de la prestación de servicios públicos, sean públicos o privados, independientemente de la figura jurídica que posean y el alcance territorial de la prestación del servicio".
También, señala que los entes tanto públicos como privados deberán adecuar sus facturas en un plazo máximo de 30 días desde la promulgación de la ley. La iniciativa contempla además multas de 10 a 10.000 veces el monto facturado en caso de que se incumpla con la norma.
