La familia de Santiago Maldonado manifestó sentirse víctima de una "persecución ilegal y perversa" tras notificarse de que los teléfonos del entorno del joven hallado ahogado el 17 de octubre pasado en el río Chubut tras estar 78 días desaparecido, habían sido "pinchados" por orden del juez a cargo de la investigación, Guido Otranto.
"Somos doblemente víctimas: por la falta de respuesta ante la desaparición y muerte de Santiago, y por comprobar que, en lugar de establecer quiénes son los culpables del hecho, fuimos investigados sin estar imputados en la causa", expresa un comunicado emitido recientemente tras una resolución del juez Gustavo Lleral.
"Cuando ya pensamos que era imposible agravar la situación de nuestra familia, se produce esta revelación que no hace más que confirmar que fuimos y somos objeto de una persecución, que incluso podría llegar a constituir delitos", expresaron los íntimos del joven artesano desaparecido el 1 de agosto pasado tras un operativo realizado por Gendarmería Nacional en territorio mapuche.
Las escuchas consideradas "ilegales" en la resolución de Lleral, corresponden a septiembre del año pasado cuando era buscado Maldonado, y fueron ordenadas por Otranto a raíz del pedido de la fiscal Silvina Avila sobre los teléfonos de Sergio Maldonado, Ariel Garzi, Claudina Pilquiman y Marcela Anarda Stocovaz.
Por último, reiteran su reclamo como "ciudadanos comunes y corrientes exigiendo Verdad y Justicia" y advierten que "el Estado no debería invertir tiempo y recursos en investigarnos sino dar una respuesta eficiente a nuestro pedido, que ya es de tantos miles en nuestro país y el mundo".
En la resolución de once páginas, el juez Lleral dejó en claro que "todo accionar de los órganos del Estado tiene como límite infranqueable al hombre y a sus derechos esenciales, que no pueden por ninguna razón verse afectados por medidas desproporcionadas, inconducentes e ilegítimas".