Por segunda vez en dos días, allanaron la sede central del sindicato de Choferes de Camiones en la ciudad de Buenos Aires. En este caso el operativo lo encabeza la jueza porteña 38, Wilma López, que busca pruebas sobre las presuntas extorsiones del gremio de Hugo y Pablo Moyano a empresarios del transporte.
Todo comenzó en febrero, cuando la dueña de Expreso Pontevedra, Nancy Pastorino, denunció en la Justicia que autoridades de la filial de San Miguel le exigieron plata para que la empresa de carga pudiera trabajar con normalidad o, caso contrario, le bloquearían con camiones la puerta del lugar.
Pastorino hizo un primer pago por $ 100.000, pero luego denunció el hecho. La mujer no quiso pagar los otros $ 400.000 exigidos por los camioneros por una supuesta deuda de "aportes y contribuciones", aunque ella aseguró que tiene constancia el "libre deuda".
Los agentes de la Policía Federal (PFA) allanaron la noche del 11 de mayo la filial de San Miguel, encontraron 128.000 dólares y 330.000 pesos y se llevaron documentos de interés para la causa.
El jueves, en una causa paralela, la jueza de Garantías de Moreno, Adriana Julián, ordenó un procedimiento similar en la sede central de Camioneros por más denuncias de extorsión a comerciantes y transportistas.
