A principios de mayo, la economía argentina atravesó una feroz corrida cambiaria: el dólar se disparó y se fue a más de 25 pesos. A partir de ese momento, el gobierno de Mauricio Macri anunció que el país le iba a pedir un crédito al Fondo Monetario Internacional (FMI), tras 18 años de no tener relación con el organismo. A partir de ese momento, entre protestas multitudinarias, el rechazo de la oposición y la fiebre por el control de la moneda estadounidense, el Ejecutivo comenzó un trabajo contrarreloj. La historia se definió el jueves. La Casa Rosada pactó un préstamo de 50 mil millones de dólares para blindar el plan económico que pretende implementar de ahora en más.
"Frente a esta nueva situación internacional, y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el FMI para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora. Vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo", había dicho el Presidente en un mensaje grabado, difundido desde Casa Rosada, el día en el que se definió la nuestra estrategia. Nicolás Dujovne, el jueves a la tarde, confirmó los detalles del acuerdo y aseguró: "Yendo al FMI evitamos una crisis".
Para llegar a definir la letra chica, el Gobierno hizo tres viajes a la sede del FMI en Washington. En una de las primeras reuniones estuvo Dujovne, quien se entrevistó con la titular del organismo, en su debut como "superministro" coordinador del área, esencial para unificar criterios ante el Fondo.
Tras ese primer encuentro, se confirmó que la Argentina iba a solicitar un crédito Stand by (SBA, según sus siglas en inglés) de alto acceso. Eso significaba que el préstamo representaba una excepción en el límite que otorga el Fondo y que se traduciría en un monto mayor de dinero.
En su informe en la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, tuvo que responder una gran cantidad de preguntas y críticas sobre la decisión de acudir al organismo de crédito. "Fuimos al Fondo porque no había otras posibilidades", se defendió el funcionario.
Sin embargo, los cuestionamientos siguen vigentes. Desde varios sectores de la oposición salieron al cruce del Gobierno, rechazaron el préstamo y pidieron que sea tratado por el Congreso, algo que desde el Ejecutivo ya desestimaron.
Argentina recibirá US$ 50 mil millones en forma progresiva durante los próximos tres años. El 30% se ejecutará en unos días. Para lograr esto, el Gobierno se comprometió a acelerar la reducción del déficit fiscal en US$ 19.300 millones entre 2018 y 2021, que se traducirá en un ajuste fiscal a definir, pero que en la previa sería más abultado que el esperado. Desde el Centro Cultural Kirchner, Dujovne dijo que el Gobierno recurrió al FMI para "conformar una economía que crezca por mucho tiempo sin crisis".
La reducción del déficit fiscal para alcanzar la convergencia será en dos años: el rojo de 2018 pasará del 3,2% original al 2,7% acordado. Luego, irá a 1,3% en 2019 y 0% en 2020 (antes estaba proyectado en 1,2%). Para 2021 se aspira a un superávit del 0,5%.
