La Legislatura convirtió en ley la adhesión de la provincia a la nueva ley de Responsabilidad Fiscal, que supedita el aumento del gasto público y la contratación de personal a índices como el de inflación y de crecimiento poblacional.
La norma nacional, aprobada por el Congreso en diciembre pasado tras un acuerdo entre el presidente Mauricio Macri y los gobernadores, modifica la Ley 27.428 e introduce cambios en los artículos sobre el control de las obligaciones asumidas por el Estado.
La iniciativa dispone que la tasa nominal de incremento del gasto público corriente primario neto de la Nación, las provincias y la Ciudad, no podrá superar la tasa de aumento del índice de precios al consumidor.
Además establece que los distintos niveles de gobierno, nacional, provincial y municipal, se comprometen a no incrementar los cargos ocupados en el sector público existentes al 31 de diciembre de 2017, respecto a la población proyectada por el INDEC para cada jurisdicción.
El diputado del bloque Unidad Ciudadana-FpV-PJ Juan Debandi dijo que "nos preocupa lo que pasa todos los días en las calles, por eso nos oponemos a este pacto de adhesión fiscal, porque nada tiene que ver con mejorar la calidad de vida de los bonaerenses".
Por su parte el Marcelo Daletto del bloque Cambiemos aseguró que "hay una doble justificación por la cual tenemos que adherir a esto, una de ellas es porque contiene medidas de sana administración y el otro porque es parte de los compromisos que ésta y las demás provincias han tomado en el marco del último Pacto Fiscal".
Entre los puntos más importantes, la ley a la que adhirió la Provincia dispone que la tasa nominal de incremento del gasto público no podrá superar la tasa de aumento del índice de precios al consumidor, mientras que el ingreso de nuevo personal al Estado dependerá del aumento poblacional.
