El intendente de Pinamar, Martín Yeza (Cambiemos), quedó imputado en una causa por malversación de fondos públicos que se tramita en Comodoro Py. La investigación pone en la mira el manejo que realizó el jefe comunal de los recursos del programa Centralidad Pinamar, desarrollado con fondos nacionales.
La fiscal Paloma Ochoa imputó al intendente a partir de una denuncia realizada desde Unidad Ciudadana por presuntas irregularidades en el presupuesto presentado por el municipio y los precios finales licitados a la empresa Ashoka.
El concejal Gregorio Estanga y el diputado nacional Rodolfo Tailhade sostienen que el mandatario comunal desvío fondos, le achacan demora en la ejecución de las obras así como irregularidades. La obra sobre la que se posa la atención es la Renovación Urbana en la Avenida Bunge que tuvo un presupuesto $33.925.024 y fue licitada en julio de 2017.
El edil y el diputado de UC denunciaron que las obras no se terminaron en la fecha de pauta de contrato y se extendieron durante el verano con presupuestos mayores.
"Denota todavía más gravedad de la situación ya que, además de haber gastado más de la mitad de lo que se presupuestó, se incurrió en altos niveles de incompetencia que generaron una demora inaudita para la clase de intervención urbana que ejecutaban", indicaron los denunciantes.
Los dirigentes advirtieron, asimismo, sobre "la facilidad con la que la firma Ashoka Construcciones S.A. pudo cobrar lo que no hacía, a pesar de sus evidentes atrasos".
En ese marco, Estanga hizo hincapié en la diferencia de precios que existen entre el expediente de la licitación y lo efectivamente pagado por el municipio, en declaraciones a radio 10 de Pinamar.
"En el presupuesto, el precio del pasto era de 200 pesos el metro cuadrado, pero cuando se lo adjudica a la empresa se lo paga 1331 pesos, mientras que se pasa de 3009 metros cuadrados del presupuesto a 2400 metros en la obra adjudicada", señaló Estanga y agregó que "se pagó 81 mil pesos un cordón de una rotonda que nunca se hizo".
El jefe comunal calificó de "engañosa" la denuncia. Se presentó espontáneamente en Comodoro Py y aseguró que no hubo malversación de fondos. La investigación final quedó ahora en manos de la jueza federal María Servini de Cubría.
