El Gobierno prepara la apelación de YPF contra el fallo de la justicia de los Estados Unidos que determinó que la demanda de un fondo buitre por US$ 3.000 millones por la expropiación de la petrolera siga en ese país y no en la Argentina, en contra de lo que había pedido el Ejecutivo.
La petrolera estatal comunicó en una nota dirigida a la Comisión de Valores de Buenos Aires que analiza la resolución de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos y anticipó que interpondrá "todos los recursos legales necesarios" para defender sus intereses.
La millonaria demanda fue impulsada por el fondo Burford Capital, que se quedó con las acciones que estaban en poder del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, y que se quedó con los derechos para demandar. El fondo reclama U$S 3.000 millones, que se sumarían a los US$ 5.000 millones que se pagaron a la española Repsol como compensación.
Al momento de la reestatización, en 2012, la Argentina debió haber hecho una oferta por todas las acciones y no solo por el 51%, como lo reclama el fondo litigante. Así se desprendería del estatuto de YPF de 1993, presentado ante la comisión de valores estadounidense.
En simultáneo las diputadas de la Coalición Cívica Elisa Carrió y Paula Oliveto le pidieron al juez federal Ariel Lijo que investigue la transferencia del Grupo Petersen, de la familia Ezkenazi, al fondo Burford Capital. Denunciaron que la operación consistió "en un negocio financiero que se aleja de la necesidad de explotación y exploración que debía ser objetivo de una empresa con el objeto social de YPF".
