"La gobernadora de la provincia de Buenos Aires fue muy clara, nosotros no vamos a apañar a nadie", dijo Rogerio Frigerio. Vidal había dicho el miércoles en conferencia de prensa que trabaja desde hace años con Inza y que confía en ella, pero aclaró que le pidió la renuncia "preventivamente" hasta que se aclare su situación judicial. "Así demostramos que no somos todo lo mismo", indicó la gobernadora bonaerense.
El ministro explicó ante esta situación que enviarán al Congreso la ley de financiamiento de la política, que determina que los aportes de las campañas deben bancarizarse y hacerse solo a través de tarjetas de crédito y débito, transferencias bancarias y cheques. "Esperemos discutirlo antes de fin de año", afirmó.
El fiscal federal Jorge Di Lello espera respuesta del Ministerio de Desarrollo Social y de la ANSES, organismos a los que envió requerimientos de información para saber si quienes aperecen en el listado cobran planes sociales y si, en ese caso, tenían la capacidad financiera para donar fondos de entre $ 300 y $ 1.500.
Di Lello realiza una investigación preliminar en su carácter de fiscal electoral. Una vez que obtenga toda la información hará una presentación en los tribunales de La Plata, ya que es en esa jurisdicción donde se habrían originado las maniobras irregulares. Estas medidas se suman a las dispuestas por el juez federal Sebastián Casanello, que citó como testigos a 50 personas que aparecen en la lista de aportantes.
Las dos investigaciones avanzan en paralelo y buscan determinar si, tal como figura en la documentación presentada por Cambiemos, las personas donaron fondos para la campaña o si en realidad sus nombres fueron usados sin su consentimiento, como una supuesta maniobra de lavado de dinero.
