El juez Claudio Bonadio procesó a Cristina Kirchner por ser jefa de una asociación ilícita, responsable de comandar una estructura desde el Estado para la recaudación de fondos ilegales.
El procesamiento también alcanzó a Julio De Vido, Roberto Baratta y José López, entre otros ex funcionarios del extinto Ministerio de Planificación Federal, y una larga lista de empresarios convertidos en imputados colaboradores en el expediente.
Para Bonadio, la investigación comprobó que se montó un aparato complejo desde el Estado. Al respecto indicó que esta maniobra mostró la existencia de "una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional (Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández) y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Julio Miguel De Vido), actuó entre los años 2003 y 2015".
El objetivo fue "procurar la percepción de sumas de dinero ilegítimas por parte de diversos particulares, muchos de ellos empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional", indicó el juez de la causa.