En medio de la discusión por el presupuesto 2019, la UCR presentará un proyecto para que todos los jueces, nacionales y provinciales, paguen el Impuesto a las Ganancias. Se trata de un planteo recurrente dentro del oficialismo y que busca modificar la ley 26.628, en particular el artículo 79, para aumentar la recaudación en 7 mil millones de pesos, según la estimación oficial del radicalismo.
"El proyecto de Presupuesto incluye modificaciones tributarias. Estamos incluyendo que todos los jueces, tanto los nacionales como los provinciales, paguen ganancias y este es un planteo que tenemos desde hace mucho tiempo, y que es compartido por diversas fuerzas, incluido el PRO", afirmó el diputado nacional por Mendoza Luis Borsani.
Según la iniciativa, el artículo 79, inciso A, quedaría redactado de la siguiente forma: "Constituyen ganancias de cuarta categoría las provenientes del desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin excepción, incluidos los cargos electivos de los Poderes Ejecutivos y Legislativos y los Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos".
De unos 700 jueces nacionales y federales, hasta ahora solo ocho jueces nacionales pagan el impuesto a las Ganancias –junto a otros 417 empleados y funcionarios- que ingresaron después del 2017 al Poder Judicial y fueron alcanzados por una ley impulsada durante la gestión de Mauricio Macri. Uno de ellos trabaja en el área de la Corte Suprema. En el ámbito del Ministerio Público la recaudación por ese tributo es aún más escasa: ningún fiscal paga el impuesto de los 270 cargos ocupados.
Entre los argumentos del proyecto, se sostiene que "la obligación de tributar impuesto a las ganancias no afecta de ninguna manera a las bases constitucionales de la tributación, como así tampoco a la garantía de intangibilidad de la remuneración de los magistrados y por ende, a su independencia, pues la misma no implica subordinación alguna a los otros dos poderes".
"En los tiempos actuales, en el cual el país necesita de la colaboración de todos sus habitantes, especialmente de los miembros de los poderes del Estado, admitir esta excepción resulta avalar no solo una discriminación arbitraria respecto de los demás ciudadanos sino convalidar privilegios de un pequeño sector de la sociedad que lejos está de lograr la tan preciada equidad social y justicia", se agrega.
