El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, aclaró que el acuerdo por el bono de $ 5.000 excluye a los empleados estatales y anticipó que evalúan la "obligatoriedad" del pago a diferencia de lo revelado en las últimas horas que planteaba un extra "voluntario" y agregó la posibilidad de abrir una línea de financiamiento con bancos para ayudar a las empresas que no pueden pagarlo.
"Tuvimos una muy buena reunión entre la CGT y lo sectores empresariales. El bono sería compensatorio y no remunerativo en dos cuotas, en principio sería para el sector privado, hasta que el público no cierre sus paritarias", subrayó el funcionario. En un principio trascendió que los trabajadores del Estado también recibirían el extra de fin de año, pero se aclaró que UPCN todavía tiene una cláusula de revisión para ejecutar en la paritaria y otro bono para cobrar antes del cierre de 2018.
Además, informó que el plus está destinado para los trabajadores que cerraron paritarias por debajo de la inflación anual estimada en 40%, y que ya no pueden activar clásulas de revisión o que no tienen pendientes cuotas de incrementos salariales ya acordados con anterioridad. Si ya firmaron nuevos ajustes salariales para los próximos meses por cláusulas de revisión, los empresarios podrían pagar el bono a cuenta de futuros aumentos.
Sica confirmó que la medida se oficializará por decreto tal como solicitó la CGT, aunque admitió que todavía no está escrito y que las condiciones pueden variar. "Estamos terminando de redactar el texto", sostuvo.
"Los gremios planteaban que podía haber algún tipo de flexibilidad. Vamos a hablar con el sistema financiero para ver si hay algún tipo de financiación para las empresas que no lo puedan pagar", remarcó al deslizar la posibilidad de asistir a los empresarios que no pueden afrontar un desembolso de esta magnitud, en medio de la crisis, el parate del consumo y la altísima presión impositiva.
