El decreto que estableció un bono de $5000 para todos los trabajadores del sector privado determinó además que los empresarios estarán obligados a informar por anticipado al Gobierno si planea despedir empleados.
De acuerdo a la versión definitiva del decreto, el Gobierno decidió implementar un "procedimiento previo de comunicación para despidos sin causa justa".
Este mecanismo implicará que los empleadores, antes de disponer despidos en su plantilla de personal en aquellos empleados en relación de dependencia, deberán comunicar su decisión al Ministerio de Producción y Trabajo con una anticipación no menor a diez días hábiles antes de hacerla efectiva.
Desde este momento ese ministerio, que conduce Dante Sica, tendrá un rol de intermediación, ya que podrá convocar tanto al empleador como al representante gremial para realizar audiencias durante esos diez días de anticipación establecidos.
En estas reuniones las dos partes con la asistencia del Estado definirán bajo qué condiciones se llevarán adelante esos despidos. El incumplimiento por parte de las empresas de este decreto configurará una infracción del régimen laboral habitual.
El único sector particular que estará exceptuado de esta normativa será el de la construcción, ya que su dinámica laboral implica destrucción y generación de puestos de trabajo rápidos.
