La polémica entre el Sindicato Independiente de Remiseros y la secretaria de Convivencia y Control Ciudadano platense no se detiene. El eje tiene que ver con una denuncia presentada a mediados del 2018 por el sindicato, donde reclamaban por irregularidades en la entrega de las habilitaciones.
"Para realizar esta desinfección la Dirección de Habilitaciones emite un padrón de todos los vehículos en condiciones de circular como remis en el partido de La Plata, cuando consultamos ese padrón del septiembre del 2017, corroboramos que habilitaciones que estaban reclamando los titulares en el padrón figuraba otro vehículo en la misma habilitación", dice la denuncia del 2018.
En ella se especifica que "esta maniobra fraudulenta, que presume una dádiva de parte de los actuales titulares de las habilitaciones –ya que nadie obtiene una habilitación que en el mercado ronda en un precio de $ 250.000 de manera gratuita- o un cobro inadecuado por las autoridades administrativas denunciadas o terceros para lograr colocar la habilitación a nombre de nuevos titulares, se presume fueron beneficiados con alguna contraprestación".
Desde Control Ciudadano se comprometieron a analizar esta situación mientras la justicia avanzaba con la investigación, donde fueron a declarar varios de los trabajadores perjudicados.
En diálogo con COOL 103.7, el titular del SIR (Sindicato Independiente de Remiseros), Javier Scaramutti, dijo que a fines de 2018 la propia Guadalupe Labernia (directora del área de Habilitaciones) reconoció en un expediente que esa situación denunciada por los remiseros efectivamente ocurrió.
Pero aún más fuerte fue la resolución de enero de 2019 firmada por Roberto Di Grazia, secretario de Control Ciudadano, que instó a la regularización de esas habilitaciones.
El funcionario local, en sus considerandos, explica: "Que respecto de los actuales titulares nos encontramos frente a terceros adquirentes de buena fe. Respecto de los titulares precedentes, los mismos fueron despojados de un derecho adquirido por un actuar malicioso e irregular".
Scaramutti entiende que ese "actuar maliciosos e irregular" es evidencia de que el área municipal incurrió en un delito, tal como lo marcaba la denuncia del 2018.
Por tal motivo, desde el gremio piden la intervención sindical sobre las habilitaciones de remisses porque los propios funcionarios han hecho actos ilegales que perjudican a los trabajadores.
En la denuncia original, se les imputa a los funcionarios involucrados los delitos de falsificación de documentos públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
LA RESOLUCIÓN DE ROBERTO DI GRAZIA
