El fiscal federal Jorge Di Lello dictaminó el pasado jueves y en carácter de urgente que el Gobierno incluya la categoría de "Parlamentario del Mercosur" dentro de la convocatoria a las elecciones nacionales, oficializada por medio del Decreto 343/2019. Tras advertir esta omisión, el fiscal instó al Ejecutivo a que"repare tal exclusión en vistas a la cercanía del calendario electoral"
La causa se inició a partir de una amparo presentado contra ese decreto por parte de los letrados apoderados del Partido Justicialista (PJ), Patricia Alejandra García Blanco, Eduardo Gustavo Adolfo Wesselhoefft y Jorge Landau. Según expuso el fiscal, el Gobierno "omitió la categoría de Parlamentarios del Mercosur sin que exista una justificación que lo amerite".
Ante esta realidad, Di Lello denunció que el Ejecutivo habría vulnerado lo establecido en la ley 27.120 del Código Electoral Nacional sobre la Elección de Parlamentarios del Mercosur. Según este documento, "sólo pueden derogarse o suspenderse sus disposiciones, como es sabido, a través de una reforma legislativa".
En esa línea, el fiscal Di Lello remarcó que "el Poder Ejecutivo, en pleno uso de sus facultades, si así lo considera, puede enviar un proyecto modificatorio al Congreso de la Nación" para eliminar la categoría de Parlamentarios del Mercosur para las elecciones PASO de agosto y las generales de octubre.
Una posición de repudió similar tomó Lilia Puig de Stubrin, dirigente parlamentaria del Mercosur, quien criticó la decisión del presidente Mauricio Macri de no convocar a elecciones de esa institución regional y remarcó que la medida "puede hacer caer al Gobierno en la ilegalidad".
Según lo expuso El Intransigente días atrás, la dirigente de la UCR y parlamentaria expresó su desacuerdo en una nota de opinion publicada en la página web Nuevos Papeles: "La declaración de los Cancilleres no debería ser utilizada para ningún acto destinado a la suspensión de la convocatoria a elecciones de parlamentarios del Mercosur en la Argentina. La Cámara Nacional Electoral ya las ha convocado en el pasado mes de febrero y hacerlo implicaría violar la Constitución", explicó Puig de Stubrin. La dirigente, en este mismo sentido, advirtió que la carga magna "no solo establece mayorías especiales para modificar tratados de integración como es el caso del Parlamento del Mercosur, sino también impide que el Poder Ejecutivo tenga potestades legislativas sobre cuestiones electorales".
Además expuso que los funcionarios de Cambiemos le están negando valor a esta elección apelando a argumentos que se usaban en épocas de crisis política y tutela militar. "Se apela a los sentimientos antipolítica que existen en cualquier sociedad compleja y se argumenta en contra fundándose en dos cuestiones: el costo de la representación y que no legisla", señaló.
