El municipio de La Plata elevó una denuncia penal contra los cooperativistas que mantienen desde este miércoles un acampe en 12 entre 51 y 53, cuyo bloqueo afecta el funcionamiento de toda la zona.
Las autoridades locales indicaron que se trata de un reclamo "extorsivo" y que la protesta tiene una clara intencionalidad política.
La denuncia es por privación ilegítima de la libertad de los funcionarios y vecinos que se encontraban en el Palacio Municipal.
Desde la Comuna, además, rechazaron los reclamos de estos movimientos sociales, entre los que se destacan Barrios de Pie, CTEP, y el Frente Popular Darío Santillán.
"El municipio ha hecho un enorme esfuerzo por mejorar las condiciones de contratación de estas organizaciones sociales porque valoramos el trabajo que realizan los cooperativistas que prestan servicios para la Comuna, pero no vamos a dejar extorsionarnos por punteros políticos que tienen claras intenciones electorales", indicaron.
En ese marco, las autoridades informaron que se designa más de 160 millones de pesos al año para financiar a estas organizaciones con obras y servicios que dan empleo a sus asociados a lo largo de todo el año.
Con ese dinero, informaron, se podrían construir 11 jardines maternales. Por otro lado, los cooperativistas se quejaban por la falta de aumento salarial. Sin embargo, desde el municipio aclararon que en el segundo semestre se produjo una suba del 16%.
Dentro de estas organizaciones sociales también se han percibido enormes asimetrías entre las personas vulnerables y sus "referentes". Por ejemplo, una de las personas que maneja las cooperativistas, apodado "El pelado", tiene 9 millones de pesos en su cuenta bancaria.
Estas situaciones también han tenido su correlato a nivel judicial. Y es que la propia Municipalidad denunció penalmente a personas vinculadas a movimientos sociales por presunta extorsión.
Otras asociaciones civiles también presentaron denuncias similares: advirtieron que en la periferia había vecinos a los que los punteros les "retenían" entre 500 y 1000 pesos. Además, los obligaban a acudir a actos partidarios. La parte denunciante presentó capturas de Whats App y audios que certificarían este mecanismo, donde los recursos del municipio no van dirigidos a más cupos laborales ni a mejores salarios para los trabajadores cooperativistas.
Cabe destacar que 350 cooperativistas cobran un salario social complementario desde mayo del 2017 hasta la fecha, más 3 bonos que se dieron a lo largo estos dos años por el mismo salario. Esto representa alrededor de 52 millones de pesos dos años.
