En un debate sin voces altisonantes pero en el que se escucharon duras críticas cruzadas entre oficialismo y oposición, el Senado sancionó la Ley de Emergencia Alimentaria, medida que obligará al Poder Ejecutivo a incrementar en, al menos un 50%, las partidas presupuestarias destinadas a planes alimentario y de nutrición que reciben los sectores sociales más vulnerables.
La ley fue sancionada por unanimidad de los 61 senadores presentes. Se repitió así un escenario similar al registrado la semana pasada, cuando la Cámara de Diputados aprobó, también sobre tablas, el proyecto elaborado en base a iniciativas impulsadas por los bloques opositores al Gobierno.
A pesar de que habían anunciado que manifestarían hasta que la ley fuera sancionada, los grupos piqueteros que se habían concentrado frente al Congreso, entre los que se destacaban el Polo Obrero y Barrios de Pie, ya habían desconcentrado cuando, cerca de las 15, comenzó el debate.
En realidad, la emergencia alimentaria está vigente de 2002. La ley sancionada ayer la extiende hasta el 31 de diciembre de 2022. Según algunos cálculos, el impacto de la norma ascendería a los $ 10.000 millones, si se toma como base los fondos presupuestados ejecutados hasta el 31 de agosto último. Según fuentes del oficialismo, la medida no tendrá costo fiscal ya que se alcanzará reasignando partidas.
La sesión estuvo cruzada por un clima de tensión política contenida de manera artificial, como consecuencia del acuerdo entre todas las bancadas para evitar exacerbar la crisis social. "El momento del país no es para hacer declaraciones grandilocuentes", reconoció el delicado momento María de los Angeles Sacnun (FPV-Santa Fe) en la apertura del debate.
No obstante los buenos modos que imperaron, el debate no estuvo exento de acusaciones políticas, en particular desde las bancas opositoras.