Con Pichetto y Patricia Bullrich a la cabeza, comenzó una nueva embestida contra los planes sociales.
¿Se pueden sacar? ¿Son un verdadero lastre para las finanzas del gobierno? ¿Son un mal incentivo para los 'holgazanes'?
Veamos los datos. Hasta agosto, el gasto primario total fue de 2.444.949 millones de pesos. El destinado a prestaciones sociales fue 1.447.098 (es decir, el 59%).
Sin embargo, dentro de ese nutrido presupuesto, la mayor parte pertenece a jubilaciones y pensiones: el 77%.
El restante 23% incluye la Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Proyectos Productivos Comunitarios, Hacemos Futuro, Incluir Salud y las becas Progresar.
Visto de otra manera: lo que se gastó en planes y programas sociales hasta agosto de 2019 equivale exactamente a los salarios pagados por la administración pública nacional.
Los empleados públicos y los planes sociales, por lo tanto, tienen el mismo 'peso' dentro del Estado Nacional. De todas formas, como se mencionó, muy por debajo de las erogaciones en materia previsional.
El Gobierno había intentado avanzar con dos programas como el de Primer Empleo y Empalme. Éste último tenía el objetivo de que los beneficiarios de planes sociales se inserten en empleos privados registrados. Pero la iniciativa naufragó.
Con la llegada de la recesión a partir de mayo del 2018, el ejecutivo dejó de promocionarlo. Tampoco había un real convencimiento de las empresas y los movimientos sociales.
Pero el problema quedó planteado: ¿Cómo hacer que personas vulnerables, con poca capacitación, puedan insertarse en un mundo laboral complejo, dinámico, competitivo y restringido?
El próximo gobierno deberá abordar este tema como una prioridad: no tanto por el daño fiscal de los planes, sino por las nuevas camadas de argentinos que todavía no entraron al siglo XXI.
