Después de una maratónica jornada de negociaciones calientes y un fuerte hermetismo, el Frente de Todos y Cambiemos finalmente llegaron un acuerdo para aprobar la Ley de Emergencias que giró el gobernador Axel Kicillof a la Legislatura bonaerense.
Entre los puntos centrales de la norma, que sufrió una decena de modificaciones, está la prórroga de las emergencias en Seguridad Pública, Política y Salud Penitenciaria, Infraestructura, Hábitat, Vivienda y Servicios Públicos, Administrativa y Tecnológica, aprobadas bajo el mandato de María Eugenia Vidal.
A su vez, se declaró el estado de emergencia social, económica, productiva, y energética, tal como lo solicitó el Ejecutivo bonaerense. En este sentido, se determinó que la vigencia de las mismas serán por un año, pudiéndose ser prorrogadas por el mismo plazo.
Por otro lado, también se faculta al Poder Ejecutivo a renegociar o rescindir contratos de obras. Asimismo, se crea un programa de emergencia para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Pequeños y Medianos Productores, Cooperativas y Comercios, que incluye la regularización de deudas con ARBA.
Otro apartado importante, el Capítulo VI, se refiere a la Emergencia Energética. Sobre este punto se faculta al Gobierno 'a disponer la suspensión de todos los aumentos tarifarios a partir del 1° de enero de 2020' y 'una renegociación de la Revisión Tarifaria Integral vigente o a iniciar una revisión de carácter extraordinario, y proceder al análisis integral de los cuadros tarifarios'.
En referencia al endeudamiento, uno de los puntos problemáticos, se faculta a tomar deuda por $ 66.786.339.000, 'equivalente a las deudas de interés y capital contraídas en ejercicios anteriores que tienen vencimiento durante el primer cuatrimestre del Ejercicio 2020'.
Asimismo, se crea 'el Fondo Municipal para Convenios de Infraestructura, destinado a financiar total o parcialmente obras municipales de infraestructura' por $2 mil millones, que será distribuido de acuerdo al Coeficiente Único de Distribución.