Martín Guzmán hace malabares para que los números cierren y dejar medianamente satisfechos a los argentinos, a los bonistas y al FMI. Es un juego a tres bandas. Ninguna pata puede quedar totalmente afuera.
Haber suspendido la movilidad automática para los jubilados no es un medida muy simpática, pero se trata de una decisión que trasciende lo político. Es un problema matemático.
El gasto en prestaciones sociales (donde las jubilaciones y pensiones son por lejos el ítem más jugoso) concentra un 63.3% del total del gasto del Estado a nivel nacional. Es el último dato oficial del Ministerio de Hacienda, correspondiente al acumulado hasta noviembre del 2019.
En otras palabras, cada "retoque" que beneficie o perjudique a los jubilados tiene consecuencias sustanciales en las arcas del Estado. Todos se ven "tentados" a ahorrar recursos en esa gigantesca masa.
En otro de los informes de Hacienda, aparece un dato clave del 2019: el rubro Prestaciones a la Seguridad Social tuvo un incremento del gasto del 41.9% entre noviembre de 2018 y noviembre de 2019. Este incremento es sensiblemente superior al 36.7% registrado en el promedio del gasto primario.
Esto marca que el gobierno de Macri realizó un fuerte ajuste real sobre todos los ítems del gasto público, pero no así sobre la seguridad social, que siguió un poco más de cerca al avance de la inflación.
En el 2019, Macri logró llegar al superávit fiscal en la mayoría de los meses, pero solo en tres no lo consiguió: Marzo, Junio y Septiembre. Justamente los tres meses donde se producía el ajuste automático de los haberes jubilatorios y de la AUH.
Guzmán entendió que esta tendencia podía agravarse en el 2020 y aconsejó la eliminación de la fórmula de actualización. En Marzo, se supone, habrá un aumento para los jubilados. Ahora por Decreto. Sin fórmula. Tendrá la difícil misión de dejar mínimamente conformes a todos.