La iniciativa fue tomada por la referente del Pro en la quinta sección electoral, la Sra. Sandra Ferrandi, quien aseguró que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires nunca se adhirió a la ley dictada en 2017 y llamó a todos los municipios a formar parte del pedido.
Cumpliendo con el aislamiento social obligatorio desde su casa en el interior de la provincia, Sandra le comentó a laplata1.com de qué manera surgió ésta propuesta: 'Comenzamos a trabajar desde el bloque que encabezamos en el concejo deliberante de Monte, a raíz de nuestra preocupación por la liberación de presos, y descubrimos que la provincia no está adherida a la Ley de víctimas de delitos'.
'Realizamos un proyecto para que cada municipio presente en sus concejos, la idea es que la iniciativa tome fuerza desde abajo hacia arriba para que finalmente el gobierno de la provincia trate dicha adhesión' dijo Ferrandi, sobre cómo inició con el proyecto.
A su vez, la dirigente del Pro comentó que su familia fue víctima de un femicidio ocurrido a su hermana, en el 2008, donde fue asesinada a sangre fría por el padre de su hija de 37 puñaladas. 'Estas semanas fueron muy difíciles para las familias que sufrimos esto, pensar que el asesino de tu hermana pueda ser liberado es muy angustiante'.
Sobre los beneficios que esta ley trae a las familias, precisó: 'Antes, el estado proveía de un abogado al delincuente pero no a la familia, que debía costear por sus propios medios los gastos ocasionados durante el juicio, ahora con la ley de víctimas esto ya no ocurre. Además, evita que las familias se presenten durante 15 días en un juicio, algo que lleva tiempo y dinero, y no todas pueden afrontarlo'.
Pero a su vez, explicó el punto fundamental donde esta ley se une con la problemática de la liberación de presos: 'Exige a los jueces comunicar y consensuar con las familias, antes de efectuar una liberación'.
¿QUÉ DICE LA LEY 27.372?
La Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, que rige desde el 13 de julio del 2017, establece reconocimientos y garantías para las familias de las víctimas de delitos donde resultaran asesinadas o sufrieran una afección psíquica o física.
Les garantizan derecho al asesoramiento, asistencia, representación, protección, verdad, acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación, celeridad y todos los demás derechos consagrados en la Constitución Nacional.
Además establece mecanismos para que todas las autoridades cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar delitos y lograr la reparación de los derechos conculcados.
