Juan Ramos Padilla es juez del Tribunal Oral n° 29 y padre del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla.
En un reportaje exclusivo que brindó al diario Hoy, el magistrado se refirió a la decisión de la Suprema Corte de declarar inconstitucional la Acordada de la Cámara de Casación que recomendaba otorgar prisiones domiciliarias a los presos que integraban grupos de riesgo.
"Lo que han hecho desde Casación es una especie de recomendación. Y desde mi punto de vista las recomendaciones nunca son buenas, ya que los jueces están muy preparados profesionalmente', señaló.
Y agregó: 'Los jueces de la Corte o los Tribunales Superiores te pueden revocar una sentencia, pero no te pueden decir qué es lo que tenés que hacer. A los jueces nadie les puede decir qué hacer, ni siquiera el Poder Ejecutivo. Los jueces nos debemos a la Constitución y a nuestras convicciones. Creo que las Acordadas que se hicieron frente a las Cámaras de Casación no fueron muy oportunas, porque algunos se creyeron esto de que una Cámara de Casación le puede dar indicaciones a un juez de instancias anteriores, pero no es así'.
Consultado sobre la superpoblación carcelaria, manifestó: "El gobierno de Cambiemos tuvo como símbolo el tema de la seguridad, que es uno de los temas favoritos de los autoritarios, que quieren derrotar a los gobiernos populares. Hubo campañas de mano dura por parte de Bullrich, Vidal y Conte Grand que contribuyeron a llenar las cárceles. Podés llevar adelante una campaña de mano dura, lo cual a mí no me convence, pero con un sistema carcelario adecuado. Las cárceles en 2015 no estaban superpobladas. No construyeron una sola cárcel en 4 años, las llenaron de presos, las superpoblaron. Después, el procurador Conte Grand, inmerso en su condición de jefe de los defensores, sugirió que dejen salir a todos, y luego se fue para atrás".
Y añadió: "Son operaciones políticas para limar al gobierno, en un momento inapropiado. La gente tiene mucha angustia por todas estas mentiras, porque deben haber cuatro o cinco casos de supuestos violadores liberados, que no sé si salieron por la cuarentena, por el coronavirus o por otro motivo. Escucho hablar al gobernador Kicillof, que anunció que van a inaugurar plazas para descongestionar las cárceles provinciales, lo cual es una muy buena medida. Me preocupa qué estará pasando con los nuevos detenidos, ya que el sistema federal no está recibiendo más debido a los contagios. Yo no quiero ver, pero parece que algunos tontos así lo piden, camiones frigoríficos llenos de cadáveres como está ocurriendo en Nueva York, países de Europa. Entonces hay que analizar las cosas con mucho cuidado. Y sí algún juez no da la talla, por supuesto que hay que hacerle un juicio político".
Por otro lado, el juez habló de los cacerolazos en señal de protesta frente a la liberación de presos: "Me parece lo más inoportuno que hay. Hay que poner la mira en los personajes que están generando esto, que son algunos medios de comunicación. Los 'caceroleros' salen a pedir que no haya liberación de presos en las cárceles, y me parece que no tienen en cuenta que lo que hay que hacer es solucionar el problema, no desinformar. Las falsas noticias generadoras de angustias solo atentan con los gobiernos democráticos. Imaginate que hay 2.700 presos en Devoto. Esos presos se pueden contagiar entre sí en 48 horas. En esas 48 horas colapsaría el sistema de salud".
Y completó: "Y cuando estos 'caceroleros' quieran llevar a su madre, a su abuela porque se contagiaron de coronavirus, las camas van a estar ocupadas, y las decisiones las van a tener que tomar los médicos. Y los médicos, como ha pasado en Europa, van a elegir a los más jóvenes. Es una cosa tremenda. Van a tener que elegir a quién le dan el respirador. Los que salen a 'cacerolear', sin darse cuenta, están condenando a su abuelo, a su padre. Hay que ser cuidadosos y responsables".
En otro orden, pidió "una reestructuración importante en el Poder Judicial". "Han pasado 4 años donde vimos lo peor del Poder Judicial, y la reforma cada vez se torna más urgente. Hemos visto detenciones arbitrarias, operaciones políticas. Ellos mismos han reconocido una empresa judicial. Y eso no está en la Constitución", agregó.
Finalmente, ratificó que hubo lawfare en los últimos cuatro años a partir de detenciones arbitrarias y operaciones políticas: "Hace muchos años vengo denunciando esto. Muchos jueces concurren asiduamente a la Embajada de los Estados Unidos, van a los cursos allá. Y así apareció el lawfare: en la Argentina, Brasil, Ecuador. En todos los gobiernos de América Latina para limar a los gobiernos populares. Aquí en la Argentina, se lo he dicho en la cara al juez Irurzun, uno de los cabecillas del grupo de lawfare, junto con Bonadío, y junto con los tres Mahíques: el de Casación, el fiscal y el que estaba en el Consejo de la Magistratura, protegido por Rodríguez Larreta".
