Hasta el 30 de septiembre continúa vigente la prohibición de efectuar desalojos y rescindir contratos por falta de pago, a la vez que se deben mantener los valores de los alquileres a marzo pasado en caso que así lo pida el inquilino. La medida había sido dispuesta por dos decretos del presidente Alberto Fernández y alcanza a unos 9 millones de argentinos que alquilan un inmueble para vivir, pero también a los millones de comerciantes que pagan una renta mensual por un local.
A un mes de que venza ese plazo, voceros del Ministerio de de Desarrollo Territorial y Hábitat explicaron que "se está estudiando y trabajando en el tema" de extender los DNU 319 y 320, y remarcaron que "la continuidad del congelamiento de los precios de los alquileres depende de la evolución de las problemáticas sanitarias y económicas" por la pandemia de coronavirus. Agrupaciones de inquilinos reclaman que se prorroga hasta marzo de 2021.
La cartera que conduce la ministra María Eugenia Bielsa recordó que los DNU buscan proteger a los inquilinos tanto de viviendas como de los sectores productivos vinculados al comercio y las pymes. "Entendemos que es el momento de interpretar al alquiler como una política de vivienda", señalaron.
Desde el Ministerio de Hábitat "se vienen generando instancias de diálogo con las diversas entidades defensoras de inquilinos" para analizar la situación económica en la que están y, en base a ello, determinar si se prorrogan o no los dos o uno de los dos DNU.
De acuerdo al último relevamiento de la asociación Inquilinos Agrupados, "el 30% de los inquilinos no puede pagar el mes de agosto y la mitad acumula deudas de 2 meses o más de alquiler".
"Esto significa que, cuando venza la vigencia del decreto 320/20 que suspende los desalojos en Argentina, más 1 millón de hogares corren riesgo de ser desalojados", alertó Gervasio Muñoz, presidente de la ONG.
"Estamos sumamente preocupados de lo que pueda llegar a suceder cuando venza la vigencia del decreto 320. No sólo es importante que se extienda hasta marzo del 2021 sino que además se comunique con urgencia para frenar la presión que lleva adelante el mercado inmobiliario sobre los inquilinos", planteó Muñoz.
De acuerdo con un relevamiento del Colegio Profesional Inmobiliario porteño, el 22% de los locales de la Ciudad de Buenos Aires rescindieron el contrato de alquiler durante junio, y entre aquellos comercios que aún resisten sin cerrar sus puertas sólo el 40% logró pagar el alquiler de manera completa.
"Las cifras confirman la fortísima caída conocida por todos ante la imposibilidad de abrir las puertas por parte de la mayor parte de los comercios de la Ciudad", señaló la vicepresidente de la entidad, Marta Liotto.
La dirigente dijo que "estos datos demuestran la gravedad de la situación económica producto de la la crisis sanitaria y el aislamiento obligatorio que se vive".
