El Gobierno nacional prorrogó hasta finales del año próximo el beneficio en contribuciones patronales de los establecimientos de enseñanza privada, a través del Decreto 1042/2020 publicado este lunes en el Boletín Oficial, y en medio de la crisis generada por la pandemia de coronavirus.
En ese sentido, la normativa posterga hasta el 31 de diciembre de 2021, el beneficio concedido por el artículo 24 de la Ley 27.541 de “Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública”, que llegaba hasta fines de este año.
En cambio, la Ley 27.541 determinó un nuevo nivel de contribuciones para la actividad privada en general, pero eximió a la educación privada del mismo durante 2020, y lo mantuvo en la misma escala que en 2019, en el marco de la pandemia y su impacto en el sector.
En esta oportunidad el Gobierno nacional consideró que las disposiciones establecidas en esa ley “producirían un incremento desmesurado en las contribuciones patronales a pagar por las instituciones” de educación privada.
“El aumento sería incluso mayor en jurisdicciones alejadas de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, mientras que las reducciones de las que actualmente se benefician estos establecimientos difieren en las diversas áreas y regiones del país conforme a la normativa vigente”, asegura el decreto.
La normativa también subraya que “dado que la mayoría de los establecimientos goza de aporte estatal, siendo estos financiados únicamente por las provincias, el aumento de las contribuciones patronales generará un aumento importante en las partidas presupuestarias provinciales”.
“Ya que el aporte estatal no solo contribuye para el pago de los sueldos de los y las docentes curriculares sino también para el pago de las contribuciones patronales de aquellos salarios”, argumentaron desde el Gobierno de Alberto Fernández.
En los casos en los los que el instituto educativo no reciba aporte estatal o lo reciba parcialmente, el aumento de las contribuciones patronales “originará incrementos importantes en el valor de los aranceles que abonan las familias por los servicios educativos, afectando su economía”.
