Con el nuevo año, el Gobierno avanzará esta semana en la definición de cómo continúa el programa Precios Cuidados, cuyo vencimiento opera el miércoles 6. También comenzará a definir si dará o no un nuevo paso en el desarme de Precios Máximos, lanzado al inicio de la pandemia de coronavirus y que rige hasta fines de este mes.
Por eso, en los despachos oficiales comenzaron en los últimos días de diciembre a implementar una serie de medidas y negociaciones con los empresarios de cara a evitar una remarcación alta en los productos de primera necesidad, aun en casos en los que el alza de precios se evidenció en el último tramo del 2020. El Indec difundirá el jueves 14 de enero el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre en el que se estima reflejará un fuerte incremento en los valores de la carne. También se conocerá el acumulado del año, que se prevé oscile el 36% o 37%.
En el caso de la carne vacuna, las estimaciones apuntan a una disparada en torno al 20% solo en el último mes del año. Ante la situación, desde el Ejecutivo se focalizaron en lograr acuerdos para que los valores de exportación no se repliquen en el mostrador local.
Por un lado, tras la experiencia del asado, matambre y vacío a precios “bajos” para la Navidad, el Gobierno negocia con los grandes frigoríficos exportadores un listado de 10 o 12 cortes populares con valores fijos para el mercado interno, a cambio de no haber limitaciones en las ventas externas del producto.
Además, el miércoles pasado, cerró el registro de exportaciones de maíz, al menos hasta marzo próximo, con el declarado objetivo de que no falte grano para la alimentación animal (principalmente vacas y pollos) durante este verano seco. Según algunos analistas del sector, la suspensión de exportaciones no solo desincentiva la siembra del cereal sino que deprime los precios internos del producto, lo que hará que al menos los valores del ganado o la carne al mostrador se mantengan estables.
En la misma línea, el Gobierno apuntó directo a la industria aceitera -la misma que es responsable de la mayoría de las agroexportaciones-. En un encuentro posterior al cierre de las ventas al mundo de maíz, se advirtió que el mismo camino podía correr el girasol y su subproducto estrella: los aceites comestibles y cuyo precio al igual que la soja se disparó en el mundo.
Así en un encuentro que mantuvieron el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Agricultura, Luis Basterra, y otros funcionarios nacionales con industriales aceiteros, encabezados por Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC, en el que se analizaron distintas alternativas para evitar el cierre exportador y a la vez garantizar que no se traslade al consumidor las alzas acumuladas en 2020 en los “costos” del aceite.
Desde la Cámara de la Industria aceitera se enfatizó que el precio del girasol y la soja tuvieron un fuerte incremento a nivel internacional “que nunca se trasladó al consumidor local” dado que el aceite mezcla está incluido en Precios Máximos y Cuidados. Según los industriales, la brecha “es superior a 80%”.
En la reunión con el Gobierno acordaron trabajar en un mecanismo de financiamiento del consumo de aceite de girasol y soja en el mercado interno. Eso para que el producto se pueda vender a un precio que no dependa de las variaciones internacionales de las materias primas. La intención es crear un fondo fiduciario, con ajustes trimestrales de precios, que sirva de “compensación” para los productores aceiteros que vuelquen la mercadería al mercado interno.
También está en la mira oficial es el trigo: el insumo básico del pan, otro alimento clave en la mesa de los argentinos, y las pastas y panificados. De momento, no hay en carpeta ninguna restricción pero la atención esta puesta en cómo se comportará la exportación y la molinería en medio de una cosecha inferior a la previa (se produjo ente 2 y 3 millones menos de toneladas de lo inicialmente previsto), y por lo que el saldo exportable no es tan holgado con el año anterior.
