El gobierno decidió extender el programa actual de Precios Máximos hasta el próximo 15 de mayo en las mismas condiciones en las que venía funcionando, es decir, sin que se autoricen los aumentos que venían reclamando las empresas y con los mismos productos que ya estaban incluidos en el plan vigente, que vencerá mañana al concluir marzo.
La renovación de Precios Máximos por otros 45 días será oficializada mañana cuando se publique en el Boletín Oficial la Resolución 281/21 de la Secretaría de Comercio Interior, según confirmaron fuentes del ministerio de Desarrollo Productivo.
La decisión intensificará las quejas de productores de alimentos, que de hecho vienen solicitando la eliminación de la medida que ahora el gobierno prorrogó. De hecho, el plan de Precios Máximos, que congeló los valores de los alimentos a los que tenían el 6 de marzo de 2020 –aunque luego hubo dos ajustes en el año–, no impidió que la suba de precios en el rubro Alimentos y Bebidas haya superado al promedio del IPC, ya que cerró en 42,1% el año pasado frente al 36,1% de la inflación general.
Algunas empresas habían recibido el mensaje por parte del gobierno en cuanto a que el objetivo es quitar de la lista de Precios Máximos algunos productos en la medida en que se vaya reforzando el plan Precios Cuidados. Pero nada de eso ocurrió y no hubo productos que queden fuera del programa.
En materia de costos, la cartera productiva inició semanas atrás un trabajo con la cadena alimenticia para detectar cuáles fueron los principales productos que subieron y que presionan al alza los precios de los alimentos, pero por ahora sólo hubo un solo encuentro con el sector de insumos no alimenticios.
La tensión entre el Gobierno y las empresas alimenticias se agudizó además en las últimas semanas por la instauración del Sistema de Información para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (Sipre), a través del cual el Estado exigirá información de unas 1.000 grandes empresas sobre precios, niveles de producción y stocks. Ese sistema había recalentado los ánimos en el sector privado, que viene advirtiendo acerca de un mayor nivel de intervencionismo a partir de la aceleración de la inflación y el calendario electoral.
Dos semanas atrás, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, había relativizado el valor de esta clase de controles. En declaraciones radiales, aseguró que la inflación “no se puede combatir centralmente con controles de precios” ya que es un fenómeno macroeconómico, por lo que el Gobierno trabaja en reducir el déficit fiscal y emisión monetaria, y en impulsar una recuperación económica que evite devaluaciones bruscas y ajustes presupuestarios.
En esa oportunidad, Kulfas consideró que herramientas como Precios Cuidados o Precios Máximos no son más que “auxilios” del programa de política macroeconómica. “Esto implica, entre otras cosas, ir reduciendo el financiamiento monetario, reemplazarlo por diferentes fuentes de financiamiento”, aseguró el ministro, aunque aclaró que la meta oficial será reducir el déficit fiscal “mediante crecimiento, no mediante los ajustes que ya han mostrado ser un fracaso en esa materia”.