Este martes, en una sesión especial en la que solamente se trató el expediente PE-03, los senadores de la provincia sancionaron por unanimidad la iniciativa del gobernador.
El proyecto de ley que faculta al Poder Ejecutivo bonaerense a iniciar negociaciones y celebrar los contratos necesarios para la adquisición de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el covid-19.
Según la normativa, a través de los ministerios de Salud y Jefatura de Gabinete de Ministros, durante la vigencia de la emergencia sanitaria, el gobierno podrá adoptar una serie de medidas de excepción entre la que se encuentra la de comprar vacunas contra el coronavirus.
La propuesta oficial específicamente autoriza a “iniciar negociaciones y celebrar los contratos, incluso en moneda extranjera, previo informe fundado de la autoridad sanitaria provincial, necesarios para la adquisición de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el covid-19, pudiéndose omitir la exigencia de garantías, fianzas y/o cauciones”, conforme el procedimiento previsto por la legislación vigente.
También se posibilita al Poder Ejecutivo “disponer que, en el ejercicio de las funciones encomendadas, con el objeto de efectuar la adquisición de las vacunas, podrán incluirse en los contratos respectivos cláusulas o acuerdos de confidencialidad y prescripciones que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias relacionadas con y en favor de quienes participen de la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas, con excepción de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia por parte de los sujetos aludidos”.
En materia de transparencia, se detalló que las modificaciones “permiten la Intervención de los organismos de control, en todas las etapas del proceso”.
Es decir que los organismos de control no sólo van a tener capacidad de fiscalización en la previa de la firma, como preveía el proyecto original del oficialismo, sino durante toda la ejecución y el cumplimiento del contrato. Los organismos de control serán: Asesoría General de Gobierno, Contaduría General de la Gobernación y Fiscalía de Estado.
Por otro lado, la cláusula de confidencialidad, que en rigor es exigida por los laboratorios, se extiende del Poder Ejecutivo a la Comisión Bicameral de seguimiento de la Pandemia que funciona en la provincia.
Esta Comisión podrá votar y exigir al Ejecutivo que abra las cláusulas de confidencialidad en caso de necesitarlo, haciéndose la comisión, responsable de cualquier filtración posterior.
Por último, desde JxC propusieron y el FdT incorporó al proyecto la exigencia de que, cada 60 días, el Ejecutivo deba informar ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Pandemia: cuántas vacunas adquirió, cuántas vacunas recibió y cómo fueron distribuidas esas vacunas.
Este último punto, según deslizaron los legisladores, tuvo el acompañamiento de los intendentes, de todos los espacios políticos, que están interesados en conocer cómo se distribuyen las vacunas entre los distintos distritos y cuáles son los criterios que se esgrimen.
