La Cámara de Diputados convirtió en ley esta madrugada el proyecto que busca “promover la paridad de género desde una perspectiva de diversidad sexual, en los servicios de radiodifusión sonora y televisada del Estado Nacional”.
Pero uno de los puntos del proyecto generó revuelo en el Congreso: se establece que los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión privada a los que se otorgue el certificado de equidad en la representación de los géneros, tendrán preferencia en la asignación de publicidad oficial efectuada por el Sector Público Nacional.
Para obtener este certificado, hay que cumplir con 4 de 7 requisitos: a) Procesos de selección de personal basados en el respeto del principio de equidad en la representación de los géneros; b) Políticas de inclusión laboral con perspectiva de género y de diversidad sexual; c) Implementación de capacitaciones permanentes en temáticas de género y de comunicación igualitaria y no discriminatoria, de conformidad con la normativa vigente en la materia; d) Acciones para apoyar la distribución equitativa de las tareas de cuidado de las personas trabajadoras; e) Disposición de salas de lactancia y/o de centros de cuidado infantil; f) Promoción del uso de lenguaje inclusivo en cuanto al género en la producción y difusión de contenidos de comunicación; g) Protocolo para la prevención de la violencia laboral y de género.
LAPLATA1.com dialogó con tres especialistas en medios de comunicación sobre esta ley aprobada en el Congreso: José Crettaz, Alejandro Alfie y Agustín Espada.
"Entrampa la discusión"
“Lo que pasa con la publicidad oficial es dramático desde hace muchos años, pero con la irrupción de la pandemia todo se agravó. La publicidad oficial es claramente la mayor parte del ingreso de la mayoría de los medios de comunicación en todo el país, tanto de los grandes como de los pequeños. Esta ley viene a agregar más condicionamientos a los medios de comunicación en relación a la publicidad oficial. Tiene un barniz de calidad institucional, de diversidad, y progreso, como ya lo vimos en otras oportunidades. Por ejemplo, con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual del 2009, que también prometía democratizar las voces. Pero son expresiones que entrampan la discusión”, indicó José Crettaz, líder de la consultora en telecomunicaciones TMT y periodista de una larga trayectoria en el diario La Nación.
“Ya existían otros condicionamientos: la agenda pública, el tono con que se abordan los temas gubernamentales, qué voces se expresan o qué cantidad de tiempo”, agregó.
Por otro lado, Crettaz indicó que esta ley “crea nuevos organismos, mayor burocracia, y una instancia para la corrupción. Se generan escritorios donde los editores tienen que conversar con funcionarios sonre qué, cómo y cuánto en términos de contenido, y qué, cómo y cuánto en términos de reparto de la publicidad oficial”. Por último, recordó que la publicidad oficial surge de los impuestos de los ciudadanos y lamentó que “terminen financiando las campañas de los políticos”.
Cabe recordar que los criterios vigentes desde el año 2016 para el reparto de la publicidad oficial son: el alcance del medio, "en función de su circulación o audiencia"; la pertinencia del mensaje, "en función de la especialización del medio o plataforma y en relación a la audiencia o público objetivo del mensaje"; la zona geográfica, "en función que los mismos posean una comprobable cobertura de una determinada zona o región geográfica en la cual se encuentre circunscripta la audiencia o público objetivo del mensaje"; el fomento del federalismo y la pluralidad de voces, "en función que los medios o plataformas sean gestionados por organizaciones sociales sin fines de lucro que acrediten debidamente su fin social, que emitan en lenguas de pueblos originarios y/o que emitan en las categorías de baja potencia".
"Mezclar las dos cosas no tiene sentido"
Por su parte, el periodista de Clarín, Alejandro Alfie, precisó: “El tema más conflictivo es el artículo octavo, que vincula la preferencia de la publicidad oficial con el cumplimiento de una serie de requisititos sobre la equidad de género. Es algo equivocado porque la distribución de la publicidad oficial debería ser con otros criterios objetivos. Se podría fijar una nueva ley sobre nuevos criterios, pero decir que un requisito es promover el lenguaje inclusivo es directamente ridículo. Mezclar las dos cosas no tiene sentido”.
Al igual que Crettaz, también mostró sus temores sobre la conformación de un nuevo organismo para fiscalizar el cumplimiento de la normativa: “Un organismo sin muchas explicaciones y que va a controlar cómo va a ser la distribución equitativa de las tareas y funciones en todos los medios de comunicación, y que incluso va a aplicar sanciones a los medios que incumplan con esto. La verdad no tiene sentido. Mezclaron todo. Ojalá que lo corrijan porque tiene muchos errores en la redacción. No creo que con esto se impulse la equidad de género. Me parece que es una medida de control sobre los medios de comunicación”.
"No generará complicaciones para los medios de gestión privada"
Finalmente, Agustín Espada, investigador y especialista en medios de comunicación, sostuvo que “el proyecto busca promover la inclusión de mujeres, y por lo tanto genera incentivos. Y uno de ellos es tener algún tipo de preferencia o prioridad en el reparto de la pauta oficial, pero la ley dice claramente que no va a estar por encima de los parámetros que se fijen para la regulación y distribución. Por lo tanto, no es una obligación”.
Por último, manifestó: “La regulación me parece muy progresiva en materia de derechos, y también es un avance en materia de libertad de expresión. De ninguna manera generaría complicaciones para los medios de gestión privada. De hecho, me parece una buena decisión que la obligación sea para los medios estatales y no para los privados. El ejemplo lo tiene que dar el Estado en materia de inclusión y equidad”.
