Mientras la causa avanza y personal de la Auditoría General de Asuntos Internos de la Provincia de Buenos Aires analiza al detalle lo sucedido, fuentes oficiales indicaron al diario Hoy que el allanamiento llevado a cabo la noche del miércoles en una vivienda de El Rincón “no fue erróneo” y que la casa registrada “era la que figuraba en la orden judicial”.
El problema es que en dicha vivienda reside un empleado del Ministerio de Seguridad bonaerense junto a su mujer, integrante policial, y, como si fuera poco, no se encontró nada de interés para la causa.
El suceso tuvo lugar en una finca emplazada en las calles 132 entre 429 y 430, hasta donde llegaron los numerarios del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría Duodécima junto a personal del GAD (Grupo de Apoyo Departamental). Estaban avalados por una orden de registro solicitada por la Unidad Funcional de Instrucción número 1 y aprobada por el Juzgado de Garantías 1 del Departamento Judicial La Plata. Era por un robo que había tenido lugar la madrugada del 5 del corriente.
El caso provocó un verdadero revuelo en el área de Seguridad provincial, y de hecho se le dio intervención de inmediato a Asuntos Internos, para que se analicen responsabilidades. En ese sentido, diferentes fuentes revelaron al diario Hoy que “se esperan fuertes sanciones para los que estuvieron a cargo y en las próximas horas podrían haber relevos, traslados, suspensiones y hasta exoneraciones”. En la misma dirección, el juez de Garantías, Guillermo Atencio, formuló una denuncia ante la Policía por “presunto abuso de autoridad”.
Sin embargo, la cúpula policial se defiende y reafirma que “no hubo error porque la orden indicaba ese domicilio. Sería el colmo que haya sanciones por cumplir una orden de un juez de Garantías”.