El clima se caldea en la Universidad Nacional de La Plata. Hace algunas semanas, las autoridades establecieron que el regreso a la presencialidad solo iba a estar permitido para quienes se aplicaron las dos dosis.
Como alternativa, los alumnos, docentes y administrativos pueden realizarse un PCR semanal que certifiquen que no portan el virus.
La medida fue fuertemente criticada por un sector importante. Y llegó al plano judicial. En las últimas horas, por primera vez rompió el silencio el abogado Emilio Nazar, quien lleva a cabo el amparo judicial. Lo hizo en Radio Rocha.
Asegura que la medida implica la noción de un “pasaporte sanitario” que es “anticonstitucional”.
“La Universidad Nacional es un organismo distinto a otras universidades porque técnicamente no tiene un rector, sino un Presidente. Tiene una autonomía que no se asemeja al resto de las universidades” explicó.
Este grupo se nucleó hace varias semanas y ya realizaron una protesta frente al Rectorado. Hablan de que la UNLP quiere confeccionar una “lista blanca” y una “lista negra”. “Las personas no vacunadas son tratadas como ciudadanos de segunda categoría”, señalan.
También creen que esta resolución de la UNLP viola el carácter gratuito de la facultad ya que fuerza a la realización de un PCR semanal cuyo monto es de 3.000 pesos, pero asciende a 7.000 en el caso de los hisopados cuyos resultados se conocen en 10 horas.
Por lo tanto, un alumno o docente debería abonar 28 mil pesos para acreditar que no está enfermo.
Pero los reclamos van más allá. Aseguran que la UNLP está incurriendo en diversos delitos tipificados por el Código Penal. Por ejemplo, el de Coacción Agravada, que contempla penas mayores a los 5 años de prisión y no es excarcelable.
Se trata de “amenazas para compeler a otro a actuar de determinada forma, para que haga, no haga o tolere algo contra su propia voluntad”. Y la pena se agrava si las amenazas fueren utilizadas con el fin de obligar a una persona a emigrar del país, de una provincia, de su lugar de residencia habitual o de trabajo.
El abogado entiende que este último punto está sucediendo con la resolución: “Existen casos de personal administrativo de la UNLP que ha solicitado continuar con el trabajo a distancia, y le dicen que solamente rige la presencialidad a la cual se accede por la vacunación o el test semanal”.
“No es ser rebeldes por que sí, sino que los derechos sean respetados”, añadió. Por lo pronto, el caso llegará a la Cámara Federal de Apelaciones. Faltarán muchos capítulos.
