La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) denunciará en las próximas horas a ex miembros del gabinete provincial de María Eugenia Vidal, a quienes acusará de haber “impulsado” una causa judicial contra Juan Pablo “Pata” Medina, el exlíder de la seccional platense de la Unión de Obreros de la Construcción (Uocra), procesado por asociación ilícita, extorsión reiterada y coacción agravada.
La denuncia beneficia la estrategia defensiva del sindicalista, que siempre insistió que su causa judicial fue “orquestada” por el gobierno de Mauricio Macri. El plan de la AFI es realizar la presentación en la justicia federal de La Plata porque es allí, según la denuncia, donde habrían tenido lugar los hechos. En esa jurisdicción, los dos jueces a los que puede tocarle son Alejo Ramos Padilla, que ya intervino en otra denuncia hecha por la gestión actual de la AFI, en la que procesó por espionaje a la cúpula de la inteligencia macrista, o Ernesto Kreplak, que durante el kirchnerismo fue funcionario del Ministerio de Justicia.
Medina enfrentó varias causas judiciales y estuvo detenido entre septiembre de 2017 y febrero de este año. En la actualidad, solo queda una causa en pie, en la que está procesado, embargado en 200 millones de pesos y a la espera del juicio oral y público.
A comienzos de este año, Medina presentó una denuncia en Comodoro Py por los supuestos delitos de “privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”. En esa presentación acusó a “funcionarios provinciales y nacionales, entre ellos agentes de la AFl” del “presunto desarrollo de maniobras tendientes a influir en las decisiones judiciales” para que se ordenara su prisión preventiva en las causas que se tramitaban en las jurisdicciones de Quilmes y La Plata.
La denuncia que el Gobierno planea presentar hoy lleva la firma de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño. En el texto, según informó La Nación, se explica que se realiza “en virtud de haber tomado conocimiento de la presunta comisión de un grave delito de acción pública” y que se basa en un video que -según Caamaño- se encontró en la AFI, en un disco rígido, “en el marco de tareas de organización y mantenimiento de insumos informáticos en uso”.
Siempre según la denuncia, la reunión fue el junio de 2017 y en el video se ve a Garro, al exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas (que es quien habría tenido el rol más activo en el encuentro) y al extitular de Infraestructura Roberto Gigante, con representantes de distintas asociaciones y cámaras vinculadas a la construcción en La Plata. También figura el senador Juan Pablo Allan, quien en reiteradas oportunidades fue apuntado de participar activamente de la “mesa judicial” que funcionó bajo la orbita del exministro de Seguridad Cristian Ritondo y la exgobernadora María Eugenia Vidal.
“En dicho material audiovisual podrá observarse la organización de una estrategia para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de diversas personas vinculadas a la práctica sindical, centralizada en la actividad de la construcción desarrollada en la Ciudad de La Plata”, dice el escrito.
La presentación judicial tiene una particularidad: no menciona en ningún momento el nombre de Medina, a pesar de que es sobre él. “No es un personaje que nos guste, pero lo que pasó es grave”, alegan en el Gobierno sobre la denuncia con la que favorecerán la estrategia del gremialista.
En el texto de la denuncia se cita, como ejemplo de lo que se dialogó en el encuentro, a Villegas, que dirigiéndose a sus interlocutores habría dicho: “El esquema es el siguiente, nosotros necesitamos pre constituir una serie de elementos para impulsar una causa judicial, esa causa judicial se impulsa desde el punto de vista de lo que es laboral o desde el punto de vista más que laboral de amenaza (...) se impulsa con testimonios de unas diez personas que nosotros ya estamos trabajando”.
De acuerdo con la denuncia, Villegas les pidió a sus interlocutores que sus “instituciones” hicieran “presentaciones” para poder darle “volumen” a una “instancia judicial” y les dijo que a partir de eso intervendría “la fiscal, con todo el soporte de la Procuración general”.
Siempre según la denuncia, Villegas dice: “Hemos chequeado con la Procuración, con la fiscalía, con el juez, que eso va a funcionar”. Y afirma que el gobierno había tomado la decisión de “comenzar a resolver de forma definitiva la problemática en materia de relaciones con la Uocra seccional La Plata.”
En el entorno de Garro afirmaron que el intendente está “a disposición de la Justicia” y que espera “que la Justicia evalúe y se establezca lo que sucedió”. Fuentes cercanas a él dijeron a La Nación que la reunión fue “como tantas otras” en las que “se escuchó a los sectores que sufrían desde hacía años los embates y aprietes de Medina, que siempre contó con la connivencia política y judicial”.
