La expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez comenzó en la mañana del jueves a ser juzgada junto a ocho exmilitares -algunos de ellos, prófugos- en la causa que investiga si en noviembre de 2019 llegó al Gobierno mediante un golpe de Estado, como sostiene la acusación, o por un mecanismo constitucional, según afirma la defensa.
El juicio, que podría durar unos 60 días debido a que fueron citados a declarar 76 testigos, se desarrolla de manera virtual y, en caso de ser encontrada culpable, Áñez podría enfrentar una condena de unos 12 años de cárcel, conjeturó el diario paceño La Razón.
Los ocho oficiales acusados son el excomandante de las Fuerzas Armadas William Kaliman (prófugo), el excomandante de la Policía Yuri Calderón (prófugo) y los exjefes militares Flavio Arce (detenido), Carlos Orellana (prófugo), Jorge Fernández (prófugo), Jorge Terceros (detenido), Jorge Mendieta (detenido) y Palmiro Jarjury (detenido), precisó el portal de noticias Plurinacional.
Áñez, de 54 años, se encuentra en prisión preventiva desde hace 11 meses y el miércoles se declaró en huelga de hambre para protestar por lo que considera una acusación injusta y por el hecho de no poder enfrentar este juicio en libertad, luego de que fuera rechazado un recurso en ese sentido.
"Bolivianos: hoy desde mi celda en la cárcel de Miraflores, La Paz, tomo una de las decisiones más duras de mi vida. Hoy ingreso en huelga de hambre. Estoy desesperada de ver un país sin justicia ni ley", proclamó la expresidenta de facto al anunciar su decisión de iniciar una huelga de hambre.
"La justicia ha desprotegido, desoído y desamparado durante 335 días mis derechos fundamentales. Fui secuestrada el 13 de marzo, no hay otro calificativo para mi detención, sin haberme notificado ni llamado a declarar frente a la denuncia que inició todo este calvario de violaciones a la Constitución", enfatizó.
A Áñez se le imputa haber asumido la presidencia de forma inconstitucional en noviembre de 2019 tras la renuncia del presidente Evo Morales (2006-2019) en medio de protestas multitudinarias por un supuesto fraude electoral denunciado por la Organización de Estados Americanos (OEA), luego desestimado por auditorías académicas independientes.
Su abogado, Luis Guillén, afirmó que el documento de apertura del juicio es una "presentencia", pues califica a la expresidenta como "de facto" e "inconstitucional".
