La cámara de Diputados bonaerense aprobó la ley enviada por Axel Kicillof a fines del año pasado. Se trata de la Emergencia tarifaria, financiera y económica para las empresas recuperadas.
La norma contempla la emergencia por dos años, periodo durante el cual no puede haber desalojos ni remate de los bienes.
Por otro lado, prohíbe la suspensión de los cortes de servicios públicos. Las prestatarias están obligadas a ofrecer un plan de pagos.
La iniciativa se basa en que estás fábricas tienen una condición de mayor vulnerabilidad y no tienen fines de lucro. Además, su importancia radica en la sostenibilidad de puestos de empleo.
El bloque del Frente de Izquierda acompañó la medida pero no así el espacio de José Luis Espert.
En un discurso encendido, el legislador liberal Guillermo Castello dijo que esta norma viola derechos constitucionales. Entre ellos el principio de igualdad ante la ley. También aseguró que lesiona la seguridad jurídica. "¿Quien va a querer alquilarle a una de estas empresas ahora sí después no puede haber desalojos?", se preguntó.
"Va a pasar algo parecido que con la Ley de Alquileres. Aprobada esta ley, va a haber más pobreza", sostuvo Castello, que fue criticado duramente por los legisladores del FIT y el Frente de Todos.
