El oficialismo buscará avanzar esta semana en la inmediata suspensión de dos artículos de la Ley de Alquileres. Así lo planteó puertas adentro el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien apunta a consensuar con la oposición la creación de una comisión que redacte, en el plazo de 90 días, una nueva Ley de Alquileres.
Durante ese tiempo se suspendería la vigencia de dos artículos de la norma vigente: los que fijan un plazo mínimo de tres años para los contratos de alquiler y el sistema de actualización del valor del alquiler.
Son precisamente estos dos artículos los que más críticas cosecharon tanto entre los inquilinos (actualización según el índice elaborado por el BCRA) como entre los propietarios (contrato por tres años de duración).
"Mi idea es que la semana que viene, en una comisión integrada por todas las fuerzas políticas, trabajemos en la suspensión de la ley Lipovetzky, que fracasó claramente”, había asegurado Massa días atrás desde Salta. Ocasión en la que adelantó además la posibilidad, ahora más certera, "de la constitución de un grupo de trabajo en el parlamento que permita tener una nueva ley de alquileres en los próximos 90 días”.
En este sentido, el presidente de la Cámara de Diputados destacó que la actual ley “perjudicó a propietarios, a inquilinos y a inmobiliarias” y agregó: “nunca una ley fue tan clara en fracasar con todos los actores”.
Diputados del Frente de Todos, encabezados por Gioja, presentaron la semana pasada un proyecto para modificar la ley de alquileres que contempla menores requisitos para los monotributistas inquilinos así como beneficios para locadores y topes para los aumentos de los contratos.
La iniciativa impulsada por Gioja propone además que el precio inicial del alquiler de inmuebles destinados a vivienda tendrá un tope del 20% adicional al que corresponde con el ajuste anual y un 10% en el caso de la renovación de los contratos.
"Esta Ley que proponemos modificar fue cuestionada hasta por sus mismos autores un minuto después de su aprobación", sostuvo Gioja en los fundamentos de la iniciativa.
El ex gobernador de San Juan agregó que "pretendemos fortalecer y transparentar el mercado inmobiliario y sentar las bases para que, desde el Estado Nacional y los estados provinciales se delineen políticas públicas que faciliten el acceso a la vivienda de alquiler".
La iniciativa busca beneficiar a las personas registradas en el Régimen del Monotributo y plantea que, los que otorguen seguros de caución deberán aceptar tomadores de seguros que estén inscriptos en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes (Monotributo).
De esta manera, no podrán requerirles más que la constancia de inscripción y comprobantes de pago de los últimos seis meses, ni podrán cobrarles más que a tomadores que fuesen empleados en relación de dependencia, según el texto.
Para atender la falta de oferta habitacional con destino al alquiler, Gioja propone que el Consejo Nacional de la Vivienda arbitre los mecanismos para diseñar y formular un plan para la construcción y adquisición de inmuebles por el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinados a la gestión pública de alquileres sociales.
